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El jefe de bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, anunciará el próximo lunes una agenda legislativa vinculada a la inseguridad. En Pinamar, y rodeado de dirigentes de Juntos por el Cambio, el candidato a gobernador bonaerense presentará dos proyectos de ley: la reforma del Código Penal de la Nación y un nuevo Régimen Penal de la Minoridad, que establece una baja de la edad de imputabilidad desde los 16 a los 14 años.
“El Estado está abandonando a la víctima y también a esos menores que seguramente vuelvan a delinquir porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida”, dijo Ritondo, que agregó: “Por eso creemos que hay que bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años, que permita dar respuesta adecuada frente a esta situación”.
El proyecto de reforma del Código Penal de la Nación plantea actualizaciones importantes sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viables.
Los ejes de las reformas penales
Según consta en el proyecto de Código Penal, se incorporan aspectos como el decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales, la violencia de género como circunstancia agravante de los delitos o la eliminación del beneficio de la libertad condicional para reincidentes o autores delitos graves. Además, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como es el homicidio agravado, ante el alto nivel de reincidencia de estos casos.
La normativa también fija el aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción y los delitos de narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes; e incopora fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores de actos de terrorismo.
Otro aspecto que regulará es la exención de responsabilidad de las fuerzas de las fuerzas de seguridad, cuando un miembro cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de los policías constituirán un homicidio agravado con prisión perpetua.
En tanto, el proyecto de ley para un nuevo Régimen Penal de la Minoridad establece un marco normativo para los adolescentes de entre 14 y 18 años de edad, con órganos específicos en la materia, con funciones de investigación, defensa, juzgamiento, ejecución y de revinculación social.
La intención es “poder darle contención y reparación a la víctima del delito sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque promoviendo el efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la normativa general sobre niñez y otros tratados internacionales a los cuales el país adhiere”, se informó.
Algunos aspectos destacados del proyecto de ley para un nuevo Régimen Penal de la Minoridad:
- Crea un régimen penal para los menores de entre 14 y 18 años de edad. Establece la edad mínima de imputabilidad a partir de los 14 años.
- Viene a reemplazar una ley vieja, que data de 1980 de la época del proceso, que ha quedado desactualizada y obsoleta.
- No solo busca poder darle contención y reparación a la víctima del delito sino también brindar un proceso adecuado al menor que delinque promoviendo el efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y de la normativa general sobre niñez y otros tratados internacionales a los cuales el país adhiere.
- Establece órganos específicos en la materia, con funciones de investigación, defensa, juzgamiento, ejecución y de revinculación social.
- Se destaca que siempre el menor tendrá derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso, y que, más allá de su defensa técnica, tendrá derecho a contar con el acompañamiento de sus padres o responsables o, en su defecto, de un referente que los contenga en la dimensión psicológica y afectiva durante el devenir del proceso.
- El juez podrá aplicar: amonestación; reparación a la víctima; prestación de servicio a la comunidad; libertad vigilada; internamiento terapéutico; e internamiento en centro especializado.
- A pedido del fiscal, se pueden pedir distintas medidas cautelares como la prohibición de salida del país, de asistir a reuniones o espectáculos públicos, conducción de vehículos, arresto domiciliario, entre otras.
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