La movida del Gobierno para evitar el desacato

El tiempo, o su ausencia, será la clave del Gobierno nacional para evitar el “desacato” por no cumplir con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo obliga a devolverle parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Apelará argumentando que, en tanto ya existe una ley de Presupuesto dictada por el Congreso Nacional, donde fueron fijados los recursos para 2023, y debido a que el nuevo año ya está a la vuelta de la esquina, ya no hay margen para modificar esa distribución y que, por eso, el fallo es “imposible de cumplir”.

La presentación del Gobierno se hará a través de una revocatoria “in extremis”, una impugnación de cuño pretoriano que se usa en la Justicia para supuestos de excepción, es decir, errores materiales e incluso errores esenciales, groseros y evidentes, que producen una grave injusticia, y que debe articular la parte interesada.

Según trascendió, la argumentación de la presentación estará enfocada en la interpretación de las leyes 23.982 y 11.672 en las que, según entienden, se contempla que las sentencias sobre pagos con fondos públicos deben ser contempladas por el Congreso y previstas en el Presupuesto Nacional.

Además, según fuentes cercanas al Presidente, “en el caso que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente”.

Por estas horas todo es tensión en el círculo más íntimo de Alberto Fernández que trabaja a contrarreloj en esta reposición que tiene fecha de vencimiento, en tanto, en base a los plazos legales, el Gobierno tiene tres días hábiles para hacer la presentación.

Si se tiene en cuenta que la notificación para devolverle parte de la coparticipación a la administración porteña le llegó el miércoles pasado, y teniendo en cuenta el asueto del viernes pasado, el límite sería en las primeras dos horas de tribunales de mañana.

La idea del Gobierno es ganar un poco más de tiempo y, de esta forma, poder “justificar la decisión política de no aumentar los fondos girados a Rodríguez Larreta” evitando caer en desacato, lo que desataría una grave crisis de institucionalidad.

También trascendió que el Gobierno nacional recusará a los cuatro miembros de la Corte Suprema por entender que tienen un “favoritismo” marcado sobre la Ciudad de Buenos Aires y, por lo mismo, por su “marcada postura opositora”. Desde la Rosada, aseguran que no son “fallos judiciales sino políticos”.

El miércoles pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que en caso de recuperar los recursos que le habían sido quitados a CABA reduciría impuestos. Se habló del 1,2 por ciento de sellos sobre las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad de Buenos Aires; y de reducir el impuesto a los Ingresos Brutos que se les cobra a los bancos por los intereses de las Leliq.