Ordenan detener a sindicalistas de Camioneros por bloqueo a empresa

En un fallo inédito, la Justicia ordenó detener a dos directivos del Sindicato de Camioneros de San Nicolás por el bloqueo realizado el año pasado a una empresa familiar de esa localidad bonaerense: se trata de Maximiliano Cabaleyro, que además es concejal del Frente de Todos, y del dirigente gremial Fernando Espíndola.

La resolución, dictada por la jueza de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui, es única en su tipo: hasta ahora nunca se había ordenado la detención de gremialistas por realizar bloqueos, una práctica generalizada en todo el país por la que, no obstante, hay siete causas judiciales en trámite. La incógnita es si el fallo de ayer podría disparar condenas similares.

Para la magistrada, Cabaleyro y Espíndola realizaron delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción. Aunque no serían detenidos, ya que apelaron la decisión y deberá resolver la Cámara de Apelaciones.

El caso tomó notoriedad el año pasado, cuando Gustavo Rey lloró ante las cámaras de televisión por la presión que, denunció, el sindicato de Camioneros ejercía contra su distribuidora en San Pedro. Después de aquellas imágenes que se viralizaron, en febrero de este año la empresa Rey Distribución acusó a Cabaleyro, Espíndola y a empleados afiliados a Camioneros por un supuesto “pedido de coimas” para que los dejen “trabajar tranquilos”.

“Venimos sufriendo la extorsión de esta gente. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró entonces Rey, y abundó: “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato. En su momento eran $ 20.000, después un saldo mensual, y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”, completó Rey sobre el caso en el que fue representado por la abogada Florencia Arietto y que terminó con la orden de detención para los gremialistas.