Vacantes en la Justicia: no puede ser un “toma y daca” que erosiona a las instituciones

Tanto el Poder Ejecutivo de la Nación como de la Provincia de Buenos Aires, procuran, aparentemente, cubrir las vacancias en el Poder Judicial, una situación que hasta afectan a las respectivas Cortes Supremas, y en grado superlativo, a los juzgados de primera instancia y a las cámaras de apelación, lo que ha producido en todos los niveles muy justificadas demoras en la resolución de los litigios.

Se deben elevar entonces las propuestas para cubrir las numerosísimas vacantes. En las Cámaras de Senadores de ambas jurisdicciones la mayoría de sus integrantes no pertenecen al mismo partido que el Poder Ejecutivo y esa circunstancia ha dado lugar a la iniciación de negociaciones que, en sí mismas, no podrían ser objetadas si fuera que realmente tiene el objetivo de promover las designaciones por los conocimientos, experiencias y condiciones éticas de los postulantes.

Lamentablemente, puede advertirse que las nominaciones están sujetas a un proceso en que pesan muy especialmente las afinidades políticas y por eso se ha convertido en un “toma y daca” que desnaturalizan los principios constitucionales y atentan hasta con la esencia del sistema democrático. Debe reconocerse que en relación a las designaciones de las Cortes en ambos casos se requiere el voto de dos tercios de los senadores lo que al menos garantiza la existencia de acuerdos. Si bien es cierto que se requieren opiniones de los colegios profesionales y asociaciones de magistrados lo real es que esos puntos de vista han tenido escasa influencia.

De esa manera se atenta contra la confianza de la gente en las instituciones y especialmente en las garantías que debería ofrecer un Poder Judicial absolutamente independiente. Así se contribuye a la indiferencia de la ciudadanía hasta frente a los comicios en que se eligen las autoridades federales, provinciales y municipales. Es un hecho de inocultable gravedad y a medida que se reduce la cantidad de votantes en los comicios, se debilitan también los cimientos de la democracia.

Al dudarse de la ecuanimidad de los jueces, consecuencia de esos procedimientos, se genera una incertidumbre que atenta contra el ejercicio de todos los derechos de la ciudadanía. Esa incertidumbre genera también un costo económico porque a consecuencia de ella la inseguridad jurídica se convierte en valla para la inversiones de argentinos y extranjeros, que el país tanto necesita. Los partidos políticos tradicionales si lo intentaron no han logrado superar esas situaciones con el consecuente descreimiento de ellos por parte de la sociedad.

La valoración de la conducta de los jueces debería ser una cuestión en la que incidan en mayor grado los colegios profesionales y las asociaciones de magistrados sin que ello signifique desconocimiento de las facultades que la Constitución le otorga al Ejecutivo y al Senado.

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En la Provincia de Buenos Aires existen muchos jueces íntegros y capaces y no hay motivo para que se vuelva a repetir la designación de letrados con domicilio en otras jurisdicciones sin reparar en los antecedentes y merecimientos de quienes se han desempeñado como magistrados con sapiencia y ética.