Habilitan a concursar para camarista a un juez procesado por corrupción

En medio del grave conflicto desatado por el Consejo de la Magistratura, la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y diputada cristinista, Vanesa Siley, aceptó que el procesado juez federal y electoral de Mendoza, Walter Bento, se presente a un concurso para miembro de la Cámara Federal de Casación Penal. Desde la oposición hubo un fuerte rechazo y reclaman que se desista de esta más que polémica postulación.

La justicia federal mendocina investiga por “enriquecimiento ilícito, recibir coimas en diez ocasiones, asociación ilícita y lavado de dinero”. Sin embargo, sigue siendo juez federal electoral y firmando sentencias. Pero ahora busca ascender a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte, y desde el kirchnerismo le abrieron una puerta.

Al magistrados e le dictó la prisión preventiva, pero no fue detenido por sus fueros.

Mientras, Ricardo Recondo, consejero que llegó a la Magistratura por una lista opositora al Gobierno, ya pidió que “no le tomen el examen dado su historial judicial”.

El juez federal mendocino fue procesado en junio del año pasado como presunto líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales y además se le trabó un embargo de más de 327 millones de pesos sobre sus bienes y los de su esposa, Marta Boiza, y sus dos hijos, informaron fuentes judiciales en esa oportunidad.

La medida fue dictada por el juez federal Eduardo Puigdéngolas, luego de que Bento (58), titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, fuera acusado en mayo pasado por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo.

la causa

La investigación se inició luego de que la Fiscalía Federal 2 de Mendoza remitió para su investigación las constancias de un peritaje al teléfono de un detenido por narcotráfico en el que aparecían mensajes con su abogado que daban cuenta de la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre la liberación de personas detenidas a disposición del juez Bento.

A partir de allí, se inició la pesquisa sobre los abonados que surgían del peritaje, del que surgieron numerosos mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en supuesta referencia al magistrado ahora procesado.

Para los investigadores Bento formaba parte de una banda que operaba con un grupo compuesto por abogados e intermediarios.