Otro fallo alerta sobre la superpoblación carcelaria

La Suprema Corte de Justicia bonaerense fijó un programa de cumplimiento de sentencia, en orden a lo establecido por la Corte de la Nación en el marco de la causa “Verbitsky” para personas privadas de libertad en territorio provincial y exhortó a la implementación de urgentes medidas que atiendan el problema de la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías, el que, según entiende, “configura un estado de cosas lesivo e inconstitucional”.

De acuerdo a las estadísticas citadas en el fallo, al 1° de abril de 2022, el sistema carcelario provincial registra 54.818 detenidos, de los cuales 47.065 se encuentran alojados en unidades penales y alcaidías; 3.338 bajo el sistema de monitoreo electrónico y 4.415 en dependencias policiales.

El programa de cumplimiento de sentencia está compuesto, inicialmente, por 27 determinaciones. Entre ellas, la que fija el cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de detención y su reemplazo por alcaldías, conforme al plan de construcción que le encomendó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, entendió que la medida “así como provee un aporte para la solución del problema de hacinamiento, favorece a la seguridad ciudadana, habida cuenta que la Policía que se desafecte de la custodia de detenidos puede ser destinada a labores de prevención y persecución del delito”.

La Suprema Corte provincial también reiteró la prohibición de alojamiento en dicho ámbito de menores, mujeres embarazadas y enfermos y, en cuanto a las unidades carcelarias, entre otras acciones, se encomienda la programación y ejecución de medidas tendientes a la progresiva adecuación de las condiciones de alojamiento en el ámbito del Servicio Penitenciario bonaerense.

Por otra parte, una vez más se destaca la importancia del uso racional de la prisión preventiva, como así también ponderar el uso del sistema de monitoreo electrónico para los supuestos en que pudieren razonablemente tener lugar. Asimismo, se exhorta al Poder Ejecutivo a gestionar con las autoridades nacionales competentes que los detenidos por delitos relativos a la ley de narcotráfico cursen sus detenciones o condenas en establecimientos del Sistema Penitenciario Federal.

Por último, convocó a una mesa de trabajo, con la participación de unidades académicas y docentes de derecho, colegios de abogados y magistrados y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la tutela de derechos de personas privadas de libertad y de los derechos de las víctimas de delitos, en consideración a los principios que consagra la Ley 15.232.