El Ejército va a la Corte para frenar el traspaso de un predio a mapuches

Luego de una fallida apelación en febrero pasado -que fue rechazada por la Cámara de Apelaciones de General Roca por considerarla “extemporánea”- el Ejército argentino elabora ahora una nueva presentación para apelar ante la Corte Suprema la sentencia de la jueza federal Silvina Domínguez y, de ese modo, evitar el traspaso de 180 hectáreas a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue. Se trata de un espacio ubicado a 12 kilómetros del centro de Bariloche, en el corazón de un amplio territorio que pertenece a la institución castrense.

Empresarios locales y políticos de la oposición fueron muy críticos con el fallo que obliga al Ejército a entregar las mencionadas tierras y pidieron que se dicte su nulidad. A través de un proyecto de resolución que presentó el parlamentario Alberto Asseff, y que fue acompañado por Gerardo Cipolini, Francisco Sánchez, Héctor Stefani, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Gustavo Hein y José Núñez, entre otros, manifestaron su “profundo desagrado y preocupación” respecto al fallo judicial.

“Otorgamiento ilegítimo”

En sus fundamentos plantearon que era ilegítimo el otorgamiento de las tierras debido a que “no se ha dado debida intervención a la provincia de Río Negro, en su calidad de tercera necesaria”. En sus argumentos mencionaron el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que declaró la nulidad de la sentencia que ordenaba la adjudicación del título de propiedad a la comunidad Trypay Antú, por no haberse dado la debida intervención a la provincia de Río Negro en el proceso judicial.

“La justicia legitima a un grupo violento y terrorista en lugar de defender los intereses de nuestro Ejército Nacional”, opinó el diputado nacional de Republicanos Unidos por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy. “Vivimos en el país del revés”, reflexionó en su cuenta oficial en Twitter.

“Para un grupo de mapuches, Argentina es un Estado ocupante de sus territorios. A partir de esa premisa creen que tienen derechos de ocupación”, dijo el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Gerardo Milman. “La soberanía de las tierras de nuestro país es del Estado Argentino -continuó el dirigente del PRO-, no de un gobierno de turno que por mucho tiempo viene siendo funcional a los actos de violencia impartidos por un grupo de autodenominados mapuches”.

También se manifestó Yamil Santoro. “¿Querés que los mapuches que usurpan tierras sean tratados como los terroristas que son?”, planteó a modo de cuestionamiento en redes sociales el presidente de Republicanos Unidos CABA. “Hagamos juntos que se les termine la joda con todo el peso de la Ley”, comentó.

“Esta sentencia es un gravísimo paso dado para masificar las usurpaciones, las tomas, los incendios intencionales realizados bajo el paraguas de los pueblos originarios. A los ciudadanos les significa la completa orfandad de derechos ante una usurpación, porque si esto ocurre contra el Ejército Argentino, ¿qué le espera al resto de los ciudadanos?”, protestó Victoria Villarruel, diputada de Libertad Avanza.

“La justicia legitima a un grupo violento en lugar de defender los intereses de nuestro Ejército”

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones evitaron referirse a la normativa vigente sobre pueblos originarios y tampoco analizaron el planteo oficial sobre el perjuicio que le genera al Ejército la presencia de la comunidad en ese territorio. Se focalizaron, concretamente, en el vencimiento de los plazos procesales, afirmando que la presentación se realizó fuera de término. Esa presentación fue elevada por el Ministerio de Defensa aunque ahora el Estado cambió de estrategia y será el Ejército Argentino el que se ocupará de la presentación ante la Corte.

La jueza federal subrogante de la ciudad rionegrina otorgó un plazo de 60 días para entregar la titularidad de las tierras estatales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que se ocupará de cederla a las familias que viven en el predio. Esta decisión generó cuestionamientos y reclamos, apoyados la mayoría en que la medida terminará desencadenando otras presentaciones similares de comunidades en conflicto.

En el documento que rubricó la apoderada del Estado, Silvia Vázquez, y que fue rechazado, argumentó que la entrega del título al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas afecta “la Defensa Nacional” y explicó que el predio es utilizado para prácticas de entrenamiento del personal que integra las filas de la Escuela Militar de Montaña.

“En la jurisdicción de la aludida Escuela Militar de Montaña, fundada en el año 1964, se forman y perfeccionan las tropas de Montaña del Ejército Argentino, que tienen asignadas responsabilidades de defensa territorial sobre toda la cordillera de los Andes”, menciona el escrito de Vázquez.

El abogado patrocinador de la comunidad originaria, Matías Schraer, desacreditó la estrategia de la institución y señaló que “es totalmente mentira”.