Abren causa bajo secreto de sumario por el avión venezolano con iraníes

El caso del avión de carga que aterrizó la semana pasada en el país con una tripulación de 14 venezolanos y 5 iraníes amenaza con transformarse en un hervidero judicial y político. Ayer, la fiscal federal Cecilia Incardona impulsó una investigación, requirió medidas de prueba para determinar si quienes arribaron a la Argentina tienen vínculos con el terrorismo y pidió decretar el secreto de sumario, algo a lo que hizo lugar el juez Federico Villena.

Antes, el juez Villena había dictado una medida urgente para que Migraciones mantuviera retenidos a los 5 iraníes que conformaban la tripulación de la nave que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, varada y sin combustible. Sucede que el avión en cuestión, un Boeing de la empresa venezolana Emtrasur, voló antes para la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos, donde advirtieron que cualquier firma que le preste asistencia logística sería castigada. Por eso la aeronave sigue retenida: ninguna petrolera quiso proveerle el suministro e intentó volar a Uruguay, donde le denegaron el aterrizaje y volvió a Ezeiza. La negativa uruguaya hizo saltar todas las alarmas y aquí empezaron a llover las denuncias y los pedidos de informes de la oposición en el Congreso.

Pero faltaba el requerimiento de instrucción que ayer elevó Incardona para dar inicio formal a la causa que se abrió con una denuncia de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), aceptada como querellante. En el expediente que investiga al avión y sus tripulantes se acumulan además una presentación impulsada por los diputados Ricardo López Murphy y Gerardo Milman, y un habeas corpus en defensa de los tripulantes retenidos.

bAJO SOSPECHA

La DAIA había hecho pública su preocupación por el arribo al país del avión de “la empresa venezolana Emtrasur y vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por EE.UU. por sus vínculos terroristas”, para también recordar que, “de acuerdo con lo establecido por la justicia argentina, los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que aún permanecen impunes, fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán”.

En ese sentido, y a través de un comunicado conjunto con la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la DAIA exigió “una información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la aeronave y los motivos de su paso por el país”. La atención está puesta, sobre todo, en uno de los cinco iraníes retenidos en Ezeiza: Gholamreza Ghasemi Abbas, el piloto del avión que podría tener vínculos con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán (Ver aparte). Al Quds es considerada grupo terrorista por Estados Unidos y Argentina acusa a sus miembros de haber estado detrás del atentado a la AMIA que en 1994 mató a 85 personas.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, admitió ayer que el Gobierno recibió, “por distintos canales, información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con Al Quds”, pero que esa alerta llegó “con posterioridad al ingreso del avión”. Esa información contrasta con lo que ayer dijo en la prensa el ministro del Interior de Paraguay, Federico González: que el Boeing 747 que el lunes llegó a la Argentina cargado de autopartes, con 14 venezolanos y 5 iraníes, había aterrizado un mes antes en Ciudad del Este. Y que entonces EE.UU. advirtió que se trataba de una aerolínea con nexos con el terrorismo y se dio aviso “a los servicios de inteligencia de la región”.