Impulsan auditorías a las organizaciones sociales

En medio de la tensión con grupos piqueteros, el gobierno nacional apunta a incrementar el control sobre la administración de los planes sociales que realizan estas organizaciones y avanzará con auditorías de cuentas y de reparto de alimentos.

Así lo admitieron en las últimas horas desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde apuntan a fiscalizar las organizaciones más duras, señaladas por la presunta retención de una porción de las asignaciones a personas desocupadas.

En este contexto de conflictividad, los movimientos más combativos, que se enrolan bajo el nombre de Unidad Piquetera, anticiparon la realización de nuevos acampes en la Nueve de Julio, frente al edificio de la cartera que conduce Juan Zabaleta.

Desde el ministerio indicaron que, además de atender las denuncias radicadas al solicitar cambios en el marco del programa Potenciar Trabajo, realizarán auditorías contables y sobre la distribución de alimentos que realizan las organizaciones.

Sobre el primer punto, tanto piqueteros como la administración de Zabaleta se lanzan acusaciones cruzadas sobre que “usan a la gente de rehén”. La cuestión surgió a partir de que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo puedan elegir su contraprestación y modificar su enmarque a una organización de manera libre.

Desde Desarrollo advirtieron que fueron “miles” los que solicitaron un cambio de unidad, argumentando, entre otras cuestiones, que les eran retenidos los haberes. “Más del 15 por ciento manifestó situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar, exigencia de cobro de una cuota o aporte, amenazas de baja y obligación de ir a marchas o movilizaciones”.

Dos en la mira

Mientras, los gobernadores del PJ estarían preparando un proyecto de ley para el traspaso de los planes sociales a las provincias y municipios, sobre todo los del conurbano bonaerense. Al igual que como pasó en la iniciativa para ampliar la Corte Suprema, en la iniciativa de los mandatarios estarían la vicepresidenta Cristina Kirchner y La Cámpora. Y las organizaciones sociales a que apuntan son dos y que no están bajo el control del kirchnerismo: una es de izquierda, el Partido Obrero, la otra oficialista, el Movimiento Evita.

Según trascendió de la voz de uno de esos mandatarios, el objetivo es “descentralizar y federalizar”, pero el proyecto también escondería una necesidad política para el oficialismo: evitar: evitar el financiamiento electoral.