El relato sumó la palabra proscripción

Mariano Pérez de Eulate

mpeulate@eldia.com

El relato cristinista acaba de inaugurar una nueva etapa del lawfare, ese mecanismo según el cual una supuesta conspiración político-judicial persigue a la vicepresidenta de la Nación por su condición de líder popular. De acuerdo a esa óptica, ya no sólo le inventarían causas judiciales -algunas, incluso, que suman pruebas contundentes- sino que el objetivo de esa maniobra sería que no pueda presentarse como candidata el año próximo. O sea, proscribirla. Como le pasó a Perón hace casi 70 años, digamos.

La propia Cristina insinuó esa tesis en el video de 14 minutos que subió a las redes el último lunes pegándole duramente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: la acusó de convertir al Poder Judicial en un partido político protector del macrismo, de perseguir a dirigentes de otras fuerzas -básicamente ella- y hasta aventuró que si la crisis económica que no puede manejar el Gobierno se agrava, es por culpa del máximo tribunal.

Nota al pie: mal día para subir el video. Se cumplía un nuevo aniversario de la voladura de la AMIA, que dejó 85 víctimas fatales. A nada de eso aludió la vice, la jefa del oficialismo. Acusada por el fallecido fiscal Alberto Nisman de planear con Irán un encubrimiento para favorecer a los supuestos ideólogos del ataque. Esa justicia que atacó Cristina en las redes, increíblemente, decidió que no valía la pena hacer el juicio oral contra ella por el “memorándum” y la sobreseyó antes de iniciar el mismo. Obviamente, aquella vez no hubo ni una sola descalificación.

En su opus viral, Cristina se centró en la causa Vialidad, que no la tiene la Corte sino un tribunal inferior que, luego de la feria de invierno, escuchará un alegato de la fiscalía seguramente pidiendo su condena. “Ya tienen la sentencia escrita y hasta firmada”, apuntó la vice.

E hizo un parangón con la situación del brasileño Lula da Silva, que fue encarcelado por casi dos años y por eso no pudo ser candidato presidencial otra vez. Lo será este año y acaso triunfe, porque la justicia de Brasil reformuló su situación. Pero aquel impedimento, que facilitó la llegada de Jair Bolsonaro (“La derecha neoliberal”, según Cristina), justamente es definida por el manual del kirchnerismo como una proscripción.

Voces que orbitan a la vice salieron ayer a continuar la linea trazada en el video incendiario e instalar la idea de que Cristina es la que sigue en esa suerte de ataque de dimensiones latinoamericanas, que no la quieren dejar se candidata.

Algunos de ellos: Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación; Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte (para la lógica de la vice, Zaffaroni integró lo que sería una “Corte ejemplar”, ideada por su fallecido esposo, que por supuesto era afín al kirchnerismo); el senador Mariano Recalde y el diputado nacional Rodolfo Tailhade. Instituto Patria puro. Todos el mismo discurso: a CFK la quieren proscribir.

La lógica sería así: a Cristina la van a condenar y, más allá de la posibilidad de que deba afrontar la prisión, van a inhabilitarla para ejercer cargos públicos. En Argentina, además, según la ley electoral, una persona con condena firme no puede ser candidato a nada. Una condena es firme cuando se expide la Corte Suprema, su gran enemiga. Pero, ojo, en el medio hay una serie de posible apelaciones hasta llegar al máximo tribunal.

La definición judicial de la causa Vialidad, en la que está acusada de liderar una asociación ilícita para direccionar obra pública en favor del turbio empresario Lázaro Báez, estaría concluyendo a fin de este año. Con viento a favor. Los especialistas independientes dicen que una condena firme no llegaría en 2023. Los K dicen que si, un eje clave de la construcción del nuevo relato.

Lo mismo que el mantra de que dos jueces del tribunal están ahí porque el ex presidente Mauricio Macri los nombró por decreto. Eso no es del todo real. Es verdad que en diciembre de 2015, a pocos días de asumir y en una decisión absurda que se le volvió un bumerán, Macri firmó un decreto impulsando a Horacio Rosatti y a Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema “en comisión” y ad referéndum del aprobación del Congreso, que entraba en vacaciones.

La decisión fue muy resistida porque era cuestionable e innecesaria pero el macrismo se defendió con la letra de la Constitución nacional. Adujo que según el artículo 99, inciso 19, el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. De todos modos, finalmente ninguno de los dos jueces asumió hasta que se llevó a cabo el procedimiento de audiencias y acuerdo legislativo que establece la Carta Magna. Y además después fueron votados en el recinto por los senadores de Juntos por el Cambio y casi todos los del Frente de Todos, que en ese momento eran flamante oposición mayoritaria.

La saga del video de Cristina contra la Corte Suprema asoma especialmente grave por varias razones.

Una: La cabeza del Poder Legislativo aparece haciendo un ataque frontal contra la cabeza de otro poder del Estado, el Judicial, que la está juzgando. En cualquier país normal, suena a intimidación.

Dos: Cristina responsabiliza a la Corte por la eventual profundización de los problemas en la calidad de vida de los argentinos, cuando ese tribunal, es obvio, no toma decisiones económicas, no decide sobre el dólar, no combate la inflación. ¿Búsqueda de un culpable externo de los errores propios?

Tres: en un capitulo más de sumisión presidencial, Alberto Fernández regaló ayer una catarata de tuits avalando la embestida de Cristina y machacando sobre el tema de los decretos de Rosatti y Rosenkrantz (“Un acto político inconstitucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la justicia”, definió).

Dijo el Presidente, por ejemplo: “He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”. Y agregó: “La vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal”. Como si los dichos de la vice fueran la verdad absoluta. Se ve que, al menos del lado de Alberto, la tregua entre ellos se está cumpliendo.