Medidas contra la pobreza y a favor de la reactivación de la economía en el país

La irrefrenable suba de los precios de los artículos de la canasta básica que, al parecer, no encuentra su techo, ya que se anuncia otro 20 por ciento de incremento que llegó incluido en las nuevas listas que envían las firmas líderes en la elaboración de alimentos, más allá de que debiera inducir a las autoridades a encontrar medidas eficaces para detener este descontrol, impone la necesidad de contemplar la situación que atraviesan aquellas personas que sólo disponen de magros ingresos económicos.

No sólo se habla de los precios, sino, también, de la calidad de los alimentos que se encuentran en oferta. Tal como lo testimoniaron ayer en este diario algunos comerciantes minoristas, en los últimos días debieron rechazar presiones de los proveedores para recibir productos que tenían fecha de vencimiento muy cercana, entre otros de los factores negativos que pueden incidir sobre la calidad del servicio alimentario en estas jornadas.

Corresponde reseñar que este preocupante cuadro aparece luego de los dos años más críticos de la pandemia, cuando la cuarentena obligó al cierre de miles de fuentes de trabajo, que aún no se recuperaron. Ya en ese entonces, distintos organismos internacionales y entidades médicas de nuestro país alertaban sobre los efectos de la crisis económica.

En 2020 y 2021 más cuatro millones de personas padecieron hambre en el continente americano, según advirtieron en un comunicado cinco organizaciones internacionales que, además, alertaron de que así se alejaba la expectativa de erradicar el hambre en 2030, que es uno de los objetivos propuestos por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esa dramática referencia también obliga a los Estados nacionales a incrementar sus planes asistenciales, sin perjuicio, claro está, de impulsar medidas que apunten contra el pleno desarrollo económico de los países. Mientras tanto, el Estado debiera intensificar todos aquellos programas que impidan la existencia de flagelos tales como el de la desnutrición infantil y que los organismos con incumbencia en el tema debieran supervisar el cumplimiento de los planes asistenciales.

Como se ha dicho, las distintas administraciones tanto nacionales como provinciales o municipales debieran revisar a fondo y, en su caso, aplicar los cambios necesarios en sus programas alimentarios y en los de apoyo a entidades de bien público que ofrecen un servicio solidario de tanta trascendencia. Se sabe que no son pocas –y que ahora están creciendo- las franjas sociales en las que las comidas diarias de las familias dependen de esta asistencia.

Sin embargo, encarada y resuelta esa alternativa, nuestro país necesita paralelamente reactivar la pujanza de su economía, ordenar a fondo las cuentas del Estado, achicar el gigantesco déficit fiscal y promover -sin más dilaciones- las exportaciones de tantos valiosos productos argentinos, en lo que se traduciría en una inyección de divisas genuinas y en una segura reactivación de las actividades generadoras de riqueza. En un proceso de globalización, que es creciente, el país no puede seguir perdiendo mercados internacionales.

Para ello hace falta contar con seguridad jurídica, disponibilidad de créditos accesibles, un sistema impositivo eficaz, un régimen transparente de contrataciones, la presencia de economías regionales potenciadas y la activación de un sistema impositivo que estimule, en lugar de deprimir. Sin dejar de ver el papel trascendente que pueden cumplir las grandes empresas, el país también debiera recuperar el rol trascendente de las pymes y de la clase media que las integra y da vida.