Polémica: el Consejo Escolar reasigna partidas para comprar alarmas

El Consejo Escolar de La Plata aprobó ayer una “declaración de emergencia” en seguridad de las escuelas, ante los más de 45 episodios de robos que los establecimientos sufrieron en lo que va del año. La polémica medida, que tuvo el rechazo de la oposición, implica la reasignación de partidas para la compra de alarmas, a pesar de no estar contemplado ese destino en los fondos afectados que la institución recibe de la Dirección de Cultura y Educación provincial.

Concretamente, la disposición interna que ayer se aprobó por seis votos de Juntos y el rechazo de cuatro votos del Frente de Todos, declara en su primer artículo la “emergencia” en materia de seguridad para las escuelas. En tanto, en su segundo artículo faculta al cuerpo a “utilizar sus fondos propios para la compra de alarmas” y a “llevar adelante las gestiones pertinentes para la obtención de partidas especiales que también permitan su financiación”.

Lo que establece así esta iniciativa que impulsó el presidente del Consejo, Nicolás Morzone, es el “marco legal” para que el cuerpo pueda disponer de la compra de alarmas a instalarse en las escuelas más expuestas a sufrir delitos.

El oficialismo fundamenta la medida en el flagelo que sufren los establecimientos que son víctimas de robos y vandalismo en reiteradas ocasiones. Pero la polémica se presenta en torno a que los fondos de los que disponen los Consejos Escolares de la Provincia son asignados por la Dirección de Escuelas con una afectación específica, que no prevé este tipo de adquisiciones.

Según pudo saber EL DIA, para todo 2022 el Consejo Escolar platense dispone de unos 300 millones de pesos, de los que 120 millones son para la realización de obras de infraestructura, mientras que el resto tiene como finalidad la provisión de agua potable, la limpieza de tanques, la desinfección y partidas extraordinarias puntuales.

Pero, con esta emergencia, el gobierno de Juntos hace una interpretación propia de artículo 213 de la Constitución provincial, referido a la descentralización de las partidas presupuestarias para educación.

“Consideramos que el tema de la seguridad hace a la integridad edilicia de las escuelas, en tanto que los robos provocan pérdidas de material didáctico y roturas de la infraestructura en los establecimientos”, dijo Morzone al definir que cada robo implica “un gasto doble al Estado y un severo daño al desarrollo pedagógico de los chicos”.

El consejero hizo hincapié en que se produjeron 47 robos en 35 escuelas en lo que va del año. Y afirmó que es intención del oficialismo local colocar alarmas en esos establecimientos antes de fin de año.

Según indicó, se calcula que el precio de la instalación de cada alarma varía entre 40.000 y 80.000 pesos, según contemplen o no sistema de monitoreo. “Será un plan gradual”, advirtieron al considerar que en la Ciudad hay 313 edificios educativos.

Si bien el peronismo local evitó ayer expedirse sobre el tema, la iniciativa abre la polémica dado que la disposición pretende darle al Consejo la atribución de asignar destinos a las partidas que reciba de la administración provincial diferentes a los originales.

Como lo indica en el segundo artículo, la norma no descarta gestionar con autoridades provinciales fondos extras para ese fin, aunque en primer término proclama la utilización de los fondos que ya cuenta.

Los cuatro consejeros del Frente de Todos, entre ellos el tesorero del Consejo, Emanuel Insaurralde, votaron en contra. Este diario intentó sin éxito comunicarse con ellos para conocer el argumento de su voto. Tampoco hubo respuesta ante la consulta sobre el tema por parte de la Dirección de Cultura y Educación.

Hasta ahora no hay antecedentes de medidas de este tipo.