Magistratura: un conflicto político impide reemplazo de dos camaristas
Edición Impresa | 22 de Agosto de 2022 | 02:14

El concurso para elegir el reemplazo de los camaristas de traslado Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi está trabado desde agosto en el plenario del Consejo de la Magistratura por diferencias entre el oficialismo y la oposición por la terna a elevar al Poder Ejecutivo.
El concurso 461, convocado para designar dos jueces definitivos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, está terminado y disponible para ser votado en el plenario desde el 7 de febrero.
El examen a los 55 postulantes se tomó el 26 de febrero de 2021 y, casi dos meses después, el diputado consejero Pablo Tonelli presentó las calificaciones y el informe con los antecedentes.
En base a la calificación en la prueba escrita, los antecedentes profesionales y académicos, la Comisión de Selección aprobó en agosto del año pasado el orden de mérito que mostraba a los candidatos mejor posicionados. El juez federal de Tucumán Fernando Poviña quedó con el puntaje más alto, seguido por la fiscal federal Agustina Inés Rodríguez y la también fiscal, pero de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
En noviembre de 2021, la Corte Suprema resolvió que los cargos en la sala I de Bruglia y Bertuzzi, ascendidos durante la gestión de Mauricio Macri, tenían carácter “provisorio” y se debía convocar a concurso para elegir los reemplazos.
El concurso para la Cámara de Apelaciones es el de mayor intensidad política que tiene hoy el Consejo por los airados reclamos públicos que hicieron en su momento los afectados y por la decisión de la Corte de darles un “per saltum”.
Toda la agitación en torno al caso de los camaristas, en el que el macrismo y el kirchnerismo se enfrentaron, no alcanza para explicar por qué, cumplido el trámite constitucional complejo que implica nombrar un juez, los seleccionados no consiguen los 13 votos necesarios de los consejeros para mandar la terna al Poder Ejecutivo.
Por fuera de los concursos políticamente sensibles, el Consejo viene avanzando, aunque con unos tiempos que no parecen atender que hay un 25 por ciento de cargos vacantes en la justicia nacional y federal.
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