Es el Estado el que debe simplificar y agilizar los trámites de adopción

Mientras desde el área nacional de la Minoridad se reclamó ayer a la población “una ampliación de la mirada respecto de la disponibilidad adoptiva” sobre niños de más de 4 años de edad, en ese mismo comunicado el organismo público informó que hoy existen unos 2.200 niños en condiciones de ser adoptados y que existen unas 2.800 personas inscriptas en el registro de adoptantes.

Es decir, y tal como viene ocurriendo desde hace varias décadas, hay más personas que piden adoptar que niños en condiciones de adopción y, como se sabe, uno de estos motivos de la sobre demanda –puede hablarse también del embotellamiento de aspirantes a adoptar- reside en las grandes complicaciones y demoras que caracterizan a los trámites de adopción.

Está claro que en esos vericuetos administrativos los chiquitos crecen, se hacen mayores y siguen institucionalizados, a partir de una serie de cláusulas legales que vuelven muy dificultosa la posibilidad de adoptarlos.

Se supo siempre que hay parejas de padres que abandonan a sus hijos por completo, los dejan en un instituto y que, por el sólo hecho de cumplir con una o dos visitas anuales, mantienen para ellos sus derechos de paternidad, en algunos casos con el sólo propósito de mantener la patria potestad y seguir cobrando algunos plus salariales que se otorgan por ello.

En consonancia con lo que se dijo arriba, la secretaría nacional de Niñez, Adolescencia y Familia lanzó la campaña con esta consigna: “Crecer en familia es un derecho”. Allí se consignó que lo que buscan es alentar a las familias para que amplíen su mirada sobre la adopción. Sin embargo, está claro para todos que no son las familias sino el Estado el que debiera abrir las compuertas para que los trámites de adopción sean más fluidos.

“De los 8.500 a 9.000 chicos y chicas alojados en hogares o residencias sociales de todo el país, el 25 por ciento ya logró la declaración judicial de adaptabilidad y está esperando una familia. Sin embargo, la mayoría tiene entre 4 y 8 años o es adolescente, presenta algún tipo de discapacidad o quiere ser adoptado junto con sus hermanos, lo que dificulta un encuentro entre los adultos inscriptos en el registro y los niños y niñas reales que están esperando acceder a una familia adoptiva”, explicó el secretario de Niñez.

En el caso de nuestra provincia, no es un secreto que desde hace décadas muchos padres que buscan adoptar recurran a métodos y a jurisdicciones alternativas, ante la suma de requisitos que deben cumplimentar y las largas esperas a las que se ven sometidos. De tal modo que buscan niños en distritos a veces muy alejados de nuestra ciudad, afuera de las fronteras de la provincia y muchas veces del propio país. Si bien toda presunta ilicitud es reprochable, los legisladores y jueces debieran tener en claro que estos recursos operan como resultantes de alguna falla estructural que debiera despejarse.

Es evidente que no existen soluciones mágicas para el sensible problema de las adopciones. Asimismo, resulta especialmente valioso que se enfatice en el interés superior del niño, a partir de la sólida base que ofrece una población dispuesta a interesarse en ofrecerles un futuro a quienes no lo tienen. Y en esa intención, lo que importa más es que se vayan sumando aportes desde los distintos organismos y jurisdicciones del Estado, tanto legislativos como doctrinarios, que apunten fundamentalmente a agilizar y simplificar las tramitaciones.