El ajuste pone en debate a la oposición

Carlos Barolo

Está claro que los pasos que ha dado Sergio Massa para tratar de enderezar la crisis en sus primeros 40 días de gestión no son los mismos que indican los manuales de economía del kirchnerismo. Pero dadas las difíciles circunstancias que atraviesa el país, con una inflación galopante y la falta cada vez más acentuada de dólares, entre otras variables inquietantes, el sector que lidera la vicepresidenta Cristina Kirchner -empezando por ella- debió resignarse a estos ajustes que están, en un principio, en línea con lo que pide el Fondo Monetario.

Pero también éste “apriete de cinturón” que propone el ministro de Economía abre alertas y debates en la oposición, y hasta algunas diferencias internas, como sucedió la semana pasada por la ley de Consenso Fiscal y la prórroga de impuestos clave, en Diputados donde integrantes del bloque de Juntos por el Cambio -identificados con el radicalismo y la Coalición que lidera Lilita Carrió- se abstuvieron, lo que facilitó la aprobación del proyecto oficial.

Fue, explican los “díscolos”, una cuestión de gestión. En ese sentido, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, dijo que “es irresponsable dejar al Estado sin la prorroga de impuestos”. Coincidió otro de los gobernadores radicales, Gustavo Valdés, de Corrientes. Ambos pensando en fondos para sus provincias. En cambio, los legisladores que responden al mandatario de Mendoza, Rodolfo Suárez, votaron contra la prorroga de impuestos y el acuerdo fiscal. Es que el radical es muy critico del gobierno nacional. También los diputados del PRO rechazaron esas iniciativas. Se sabe que uno de sus principales líderes, el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, no firmó ese pacto impositivo en medio de su reclamo judicializado a la administración de Alberto Fernández por el recorte de los fondos de coparticipación federal. Lo cierto es que a otros referentes de la oposición no cayó nada bien que “se la hayan hecho tan fácil” al Ejecutivo nacional.

Ahora la preocupación desde adentro de Juntos por el Cambio es como alinearse para discutir con el oficialismo el proyecto de Presupuesto de 2023, que dicho sea de paso, trae algunos ajustes, aunque también quizás desbarajustes como el aumento del gasto social para el próximo año en más de un 100 por ciento, algo que ya anotó la oposición porque en 2023 se vota.

Por otra parte, en la oposición van tomado nota de los giros que viene dando Massa para tratar de equilibrar las cuentas, sobre todo en materia fiscal, que vienen a tono con lo que pretenden desde Estados Unidos, aunque aún falta, por ejemplo, tomar por las astas a la inflación, que ya la calculan este mes con un piso del 6 por ciento. Se hablan de medidas más profundas en noviembre, apuntando también al mercado cambiario.

En esta línea, se puede decir que en Juntos por el Cambio están atentos como sigue el plan de ajuste para bajar el déficit fiscal al número comprometido con el FMI. Ponen bajo la lupa el uso político del dinero del Estado que le puede dar el Gobierno en 2023, año electoral. Las miradas están especialmente en los fondos “discrecionales”, que sospechan desde la oposición que pueda recibir la provincia de Buenos Aires. A todo esto, Cristina Kirchner habría nombrado unos 280 agentes más para la Cámara que preside, el Senado, en un Congreso que cuenta con una superpoblación de empleados. Los últimos datos hablan de 11 mil efectivizados.