La condena y de qué se lo encontró culpable a Del Negro, ex intendente de Ensenada

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de La Plata condenó ayer al ex intendente de Ensenada entre 1991 y 2003, Adalberto Del Negro, a dos años de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años, al encontrarlo culpable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudaciones durante su mandato.

En un juicio abreviado acordado con la defensa del acusado, el tribunal encontró culpable al ex intendente del Partido Justicialista “de fraude, mediante ardid o engaño, consistente en la retención ilegal indebida de diferentes sumas de dinero de empleados municipales de Ensenada y del Sindicato de Trabajadores (STME), en concepto de bonos, cuota sindical, cuota suplementaria, anticipos, rifas, mutual y vivienda, por un total de $198.109”.

Además, lo responsabilizó por “fraude, mediante abuso de confianza, consistente en retener y no depositar a su debido tiempo las sumas de dinero de los empleados municipales” en “perjuicio económico” de las víctimas y de la Municipalidad de Ensenada” en “franca violación de los deberes de funcionario público”.

Del Negro también estuvo vinculado con el “otorgamientos de certificaciones, mediante declaraciones falsas, para la habilitación de dos locales comerciales de una cadena de supermercado”.

Tras sus mandatos en las filas del PJ, Del Negro se plegó al Frente Renovador y en 2017 fue designado por Cambiemos como subadministrador del Hipódromo de La Plata, de donde se retiró luego de casi un año en el cargo.

Por las acusaciones respecto de su gestión en la jefatura comunal de Ensenada, Del Negro fue condenado a la pena de “dos años de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y empleos públicos por cuatro años por resultar autor penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con defraudaciones especiales (retención indebida) e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal entre sí”.

En el marco de esta causa también fue condenado el ex secretario de Hacienda Carlos Izarrualde al acreditarse que otorgó indebidamente certificaciones mediante la inserción de declaraciones falsas, que autorizaba la habilitación municipal provisoria para el funcionamiento de dos supermercados. Se le aplicó tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el término de seis años.