Pasó en prisión más de cuatro años y lo liberaron por falta de pruebas

El día 3 de octubre de 2015, siendo aproximadamente la 01.10, al menos cuatro hombres, acompañados de un quinto que se encargó de marcar el inmueble, violentó la puerta de ingreso de un departamento situado en la esquina de las calles 29 y 81, en Altos de San Lorenzo, donde efectuaron una gran cantidad de disparos, uno de los cuales impactó en la humanidad de Fernando Iván Couste, ocasionándole la muerte por un shock hipovolémico.

Por ese caso hubo cuatro detenidos, uno de ellos Miguel Enrique Tobar (44), familiar de Iván Tobar, ex jefe de la barrabrava de Estudiantes y actual líder de una de las facciones de la UOCRA.

A Miguel Enrique Tobar lo apresaron el 13 de junio de 2019 y, desde esa fecha se mantuvo en prisión -la última parte bajo una domiciliaria monitoreada-, hasta ayer que fue sobreseído y liberado por la jueza del Tribunal IV de La Plata, Carolina Crispiani, quien no encontró pruebas de cargo o mérito suficiente para mantenerlo vinculado al caso y llevarlo a juicio oral, bajo el sistema de jurados, tal como estaba previsto, desde el 13 de abril de 2026.

La decisión se desencadenó luego de una presentación efectuada por el defensor de Tobar, Damián Barbosa.

“En la citada presentación puso en conocimiento la existencia de `hechos nuevos` los cuales -a su entender- debían ser valorados y, en consecuencia, disponerse la inmediata libertad de su asistido”, expresó la jueza Crispiani en su fallo.

En ese sentido, se resaltó una testimonial en la que varios policías y, un fiscal, aparecerían en un intento por inducir al declarante para que incluya a Tobar entre los sospechosos de la balacera mortal, a riesgo, si no lo hacía, de sufrir represalias.

Esa persona, que estuvo en la vivienda donde se desarrolló el atentado, decidió entonces hacer una denuncia, pese a que optó por aceptar “la recomendación” de los instructores y evitar comprarse un problema por sus antecedentes.

Fue por eso que, siempre a raíz del planteo del abogado Barbosa, se citó a declarar nuevamente a ese testigo, junto a las dos mujeres que también habían presenciado el ataque, aquel 3 de octubre de 2015.

En ese sentido, a la luz de la resolución de Crispiani, ninguno de los tres dijo conocer a Tobar ni tampoco lo colocaron en la escena criminal.

“Dicha situación predisponía una enorme libertad para que los jueces que hemos sido designados como jueces técnicos en los juicios por jurados podamos actuar de manera neutral e imparcial”, expresó la magistrado.

Corrido el traslado a la fiscal Victoria Huergo, la representante del Ministerio Público, por los antecedentes citados, no se opuso al sobreseimiento solicitado por la defensa y recomendó “remitir copia de la presente y, de todas las audiencias celebradas a la Fiscalía en Turno, para que se lleve a cabo una investigación con relación a la actuación de los funcionarios públicos involucrados”.

“No debemos olvidar que la ley establece que la relación de la persona acusada con el delito y su culpabilidad deberán ser probados más allá de toda duda razonable. Esto significa que para llegar a la celebración de un juicio por jurados debemos contar con prueba suficiente y convincente para que pueda ser derrotada la presunción de inocencia”, señaló Crispiani.

“Con solo releer los testimonios vertidos por las víctimas -consignados ut supra- puede claramente concluirse que no están dadas las circunstancias para que el señor Tobar sea enjuiciado por su responsabilidad en este hecho. Hacerlo -adelanto- atentaría contra el principio de economía procesal, y se presentaría como un dispendio jurisdiccional innecesario”, destacó.

“Por tal motivo, mi compromiso como operadora judicial es estar a la altura de las circunstancias que el pueblo reclama, repudiando como servidora pública los `confusos, graves y delicados episodios` que se han suscitado en la presente investigación y que han sido puestos de manifiesto ante mi persona por las víctimas directas del hecho sometido a juicio, y en dicha línea es que solicitaré se lleven a cabo investigaciones exhaustivas que permitan dar respuesta a las graves irregularidades que han sido denunciadas”, adelantó la jueza.

Por todo lo expuesto, Crispiani dictaminó el sobreseimiento de Tobar, dispuso su inmediata libertad y mandó a investigar a los instructores de la causa.

Cabe destacar que los tres hombres que aún permanecen detenidos por el caso, afrontarán un juicio ordinario.

La acusación contra los instructores de la causa desató un nuevo escándalo en la Justicia platense