Principe condenado: debe pagar indemnización

Un juez ordenó al príncipe Enrique pagar casi 50.000 libras esterlinas (más de 60.000 dólares) en honorarios legales a la editorial del tabloide Daily Mail por su fallida impugnación judicial en una demanda por difamación.

El duque de Sussex demandó a Associated Newspapers Ltd. por un artículo que afirmaba que intentó ocultar sus esfuerzos por conservar la protección financiada con fondos públicos en el Reino Unido después de renunciar a su función como miembro en activo de la familia real.

El juez Matthew Nicklin dictó en la Corte Superior de Londres que la editorial tiene “posibilidades reales” de demostrar que declaraciones emitidas a nombre de Enrique fueron engañosas y que el artículo de febrero de 2022 reflejaba una “opinión honesta” y no era difamatorio.

“El acusado bien puede alegar que se trata de una clase magistral en el arte de ‘hilar’”, escribió Nicklin, al negarse a anular la defensa que argumenta una opinión honesta.

Enrique ha alegado que el artículo era “fundamentalmente inexacto” y que el periódico lo difamó cuando sugirió que mintió en sus declaraciones públicas iniciales sobre los esfuerzos por desafiar la decisión del gobierno de despojarlo de su equipo de seguridad después de que él y su familia se mudaran a Estados Unidos en 2020.

Enrique, de 39 años, el hijo menor del rey Carlos III, también tiene una demanda pendiente contra la decisión del gobierno de protegerlo esporádicamente, sólo cuando visita Gran Bretaña. Afirma que la hostilidad hacia él y su esposa en las redes sociales y el acoso implacable por parte de los medios de comunicación amenazan su seguridad.

OTRA DEMANDA

Las 48.447 libras esterlinas (60.927 dólares) en honorarios legales que se le ordenó pagar a Enrique antes del 29 de diciembre probablemente queden eclipsadas por la cantidad pagada a los abogados en otra demanda que el duque presentó contra la editorial.

Associated Newspapers es una de las tres empresas editoriales de tabloides británicos a las que demandó Enrique por supuestamente utilizar métodos ilegales, como engaños, espionaje telefónico o contratación de investigadores privados, para conseguir información sobre él.