El Estado debe frenar el oscuro negocio de las ocupaciones de tierras

Sería desalentador suponer que las autoridades de los organismos del Estado con incumbencia en el tema desconocieran las derivaciones negativas que, inclusive para quienes las impulsan o protagonizan, tienen las usurpaciones de tierras, un flagelo que no desaparece en nuestra zona.

Además de los derechos y obligaciones esenciales que se vulneran -el de la propiedad y también la disponibilidad de servicios públicos de que carecen todos los asentamientos precarios- se omiten luego los pagos de los tributos y tasas correspondientes a cada vivienda, entre otros males que se propagan. A ello faltaría aludir el caos urbanístico que se viene propagando.

Tales consideraciones se formulan a partir del reciente intento de toma de un predio de dos hectáreas en la cercana localidad de El Peligro, frustrado hasta ahora por un operativo policial y la colaboración de vecinos, en un episodio que se tradujo en incidentes, disparos, un efectivo policial lesionado y un arresto.

Según se dijo en la nota publicada en este diario, el episodio se suma a una nutrida lista de usurpaciones ocurridas en los últimos años en la Región, que convirtieron a La Plata en una suerte de “capital de las tomas de tierra”.

Y si bien la policía se comprometió a resguardar el lugar, no se descartó que puedan registrarse nuevos intentos de toma, a partir de una serie de situaciones que se dan en torno del predio en cuestión.

Resulta llamativo también que desde hace mucho tiempo se habla muy poco, por no decir nada, de los planes oficiales de vivienda, cuando la crisis habitacional, que viene desde hace décadas, pasa por ser acaso una de las que necesite la más perentoria de las atenciones.

Sea como sea, debe reiterarse que el Estado, que brega para imponer el orden en todos los quehaceres, ha permitido en estos casos la anarquía, el arrebato, la evasión impositiva, el asentamiento habitacional privado de servicios públicos y, asimismo, las inevitables derivaciones caóticas que supone toda ocupación de tierras.

Son los organismos oficiales -desde hace muchos años- los que dan luz verde a la anomia y, por cierto, las consecuencias son extremadamente negativas para el verdadero progreso y bienestar de la población.

En algunos casos ha mediado la presencia de acciones judiciales que restauraron las cosas al estado anterior, ordenando el desalojo de los ocupantes.

Hace pocas jornadas un grupo de personas que comenzó a vivir en las numerosas hectáreas de la bien conocida “megatoma” de Los Hornos, sobre tierras que pertenecían al Estado nacional, acudieron a la Casa de Gobierno en manifestación para reclamar que se proveyera a ese lugar de agua, luz y gas, entre otras mejoras.

Es el Estado el que no debiera permitir que se irradie un urbanismo caótico, que perjudica en forma integral a la sociedad.

Bien se conoce que, tanto los propios intrusos -cuyos derechos a una vivienda digna deben ser contemplados- como los vecinos históricos terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones, sea por la profusión de conexiones clandestinas a las redes de luz, agua y cloacas, o por la inexistencia de las principales redes de servicio.

A menos que se prefiera vivir en el caos, deben ser desbaratadas las organizaciones que se ocupan de este ilegal y oscuro negocio, consistente en robar tierras y después en venderlas a gente necesitada. Y terminar con los supuestos vínculos políticos con que pueda contar esa actividad delictiva.