Necesidad de combatir hasta la raíz el flagelo del trabajo infantil

Uno de los problemas sociales más dramáticos y acuciantes que compromete al conjunto de la sociedad –pero, especialmente al Estado, que es quien se encuentra obligado a actuar- tiene que ver con el trabajo infantil en una situación que es endémica, que se vuelve visible en forma periódica y que marca la imperiosa necesidad que se extremen esfuerzos para lograr que los chicos puedan disfrutar en plenitud de los derechos que los asisten, en lugar de verse sometidos a situaciones degradantes y propias de épocas que se creían superadas.

Tal como se dijo ayer en este diario, sea en la producción hortícola, en talleres textiles y también haciéndose cargo de tareas y responsabilidades domésticas, que no corresponden a su edad, el trabajo infantil incorpora a su degradante universo a cerca de 1,3 millones de niños y adolescentes en nuestro país.

El dato surgió del último documento estadístico producido por la instituto de Deuda Social de la infancia social de la infancia de la Universidad Católica Argentina, en el contexto del día mundial contra el trabajo infantil que se detalló en la edición de ayer, “El trabajo infantil se da en el marco de familias que generalmente tienen un déficit de trabajo decente, donde el trabajo de los niños suma una economía familiar. En ese contexto, el 60% de los niños y niñas trabajaba junto con sus padres”.

Además de encontrarse muchas veces invisibilizado, este flagelo se traduce en que se convierte en una de las principales causa de mal desempeño y abandono escolar.

El trabajo infantil es “invisibilizado por un lado y naturalizado por el otro”, señala uno d los especialistas, al comentar que en Argentina los talleres textiles clandestinos y el sector hortícola son los que más hacen uso de trabajo infantil.

Se conoce que en nuestra zona se realizan operativos de fiscalización en distintos establecimientos industriales, habitualmente clandestinos y en comercios o en quintas de producción hortícola, que se han traducido en acciones judiciales encaradas en el marco de la ley nacional 26.847, que establece penas de 1 a 4 años de prisión a quienes empleen a niños y adolescentes.

Al margen de estos y otros estudios, sólo alcanzaría con una simple observación para constatar la presencia de numerosos menores, algunos de ellos de muy baja edad, sometidos a trabajos penosos, como los de acompañar y ayudar a quienes recogen basura en los carritos -cuando no ocuparse ellos solos de esa actividad- o desplegando supuestas destrezas en las esquinas u ofreciendo cualquier producto a cambio de unas monedas, en distintos tipos de tareas que, como se ha dicho, realizan en la vía pública, a la vista de todos.

Se sabe que esos chicos y jóvenes suelen no estar escolarizados y muchos de ellos son apartados de sus familias, para reducirlos a servidumbre a cambio de ofrecerles alimentación. De lo que se trata es que el Estado actúe en forma enérgica, no permitiendo que se invisibilice este drama –tal como, lamentablemente, ocurre- sino, antes que nada, combatiéndolo desde sus raíces, haciendo letra viva los derechos de los niños a tener una vida sana, a educarse y prepararse como futuros ciudadanos.