Acuerdo y platita fresca para encarar la segunda mitad del año con oxígeno

Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo tras la aprobación de la quinta y sexta revisiones del acuerdo de facilidades extendidas que mantiene con nuestro país, por lo que llegará un desembolso de 7.500 millones de dólares en agosto y otro en noviembre.

Como el Gobierno debe pagar mañana lunes 31 de julio y el 3 de agosto compromisos con el FMI habrá operaciones puente con otros organismos multilaterales para abordar esos compromisos y seguir adelante con el programa garantizado por el FMI.

Así, a menos de un mes de las elecciones PASO el principal objetivo del Gobierno se mantiene intacto de cara a la necesidad de sostener su competitividad electoral: evitar un escenario disruptivo o crisis asociado a un salto discreto y desordenado del tipo de cambio oficial que genere una espiralización inflacionaria, un deterioro mayor en los ingresos reales y una contracción aguda de la actividad económica que impacte en el empleo, en el marco de una compleja situación social.

El shock a la oferta de dólares que genera la sequía (U$S -20.000 millones), sumado al exceso de demanda de divisas que induce el atraso cambiario y la elevada brecha; reservas netas en la zona de los U$S - 7.900 millones (alrededor de U$S -4.000 millones obedecen al retraso en el desembolso previsto del FMI, ahora acordado para agosto), acumulando 7 semanas de ventas netas en el MULC; el desincentivo a liquidar y el exceso de oferta de pesos vigente elevan los riesgos de una corrección cambiaria abrupta. Este es el principal foco de preocupación del esquema de política económica del Gobierno, según revela un estudio de la consultora Ecolatina.

Como si esto fuera poco, se suman las habituales presiones cambiarias en la víspera electoral, y comienza a transitarse un segundo semestre históricamente desfavorable para la necesidad de recomponer reservas: en los últimos 12 años el BCRA promedió ventas en el MULC por más de U$S2.200 millones en el segundo semestre del año.

El Gobierno se vería forzado a continuar alterando la naturaleza de su estrategia cambiaria: para acotar el exceso de demanda de divisas, se irían ampliando y extendiendo los desdoblamientos sectoriales (devaluaciones parciales), tanto para las exportaciones (“dólar soja/agro”) -a fin de adelantar la liquidación de divisas, a costa de comprometer la oferta a futuro y generar impactos en los precios- como para las importaciones (“dólar Qatar”, “dólar Coldplay”), haciendo que el dólar oficial sea cada vez menos relevante en el comercio exterior.

La idea detrás de estas medidas es “devaluar sin devaluar” o “devaluar en cuotas”, aplicando devaluaciones fiscales que acentúan el esquema de segmentación del mercado cambiario y la práctica de tipos de cambio múltiples.

Al procurar desincentivar las importaciones e incentivar las exportaciones, se busca reducir el exceso de demanda de divisas -a un tipo de cambio “barato”- en el mercado cambiario a fin de frenar el drenaje de reservas del BCRA y evitar el “mal mayor” de una devaluación discreta del dólar oficial. Ambas medidas ofrecen el beneficio de una mayor recaudación vía derechos de exportación y por el impuesto PAIS que colaboraría en el esfuerzo fiscal necesario para cumplir con la necesaria reducción del déficit fiscal tras un primer semestre que mostró un déficit creciente.

Los riesgos o costos colaterales serían mayores presiones inflacionarias. Si bien el impacto es menos generalizado que el de convalidar un saldo discreto del tipo de cambio oficial, la incidencia sobre los precios domésticos no será inocua: extender el “dólar agro” a cereales como el maíz implica encarecer un insumo relevante del sector engordador de pollos y cerdos y de los feedlots, mientras que aplicar un impuesto a las importaciones (aumentar el costo de reposición) significa encarecer bienes e insumos utilizados en procesos productivos o consumos finales de la economía, lo que genera un traslado a los precios internos.

Otro efecto colateral es el que sufren aquellos importadores que tomaron una cobertura en dólar futuro o con instrumentos dollar linked, que ajustan bajo el dólar oficial. En consecuencia, para un importador que tenía un contrato a futuro -que le brinda una especie de “seguro” ante el caso de una devaluación-, la cobertura perdería efectividad ante el súbito encarecimiento de su actividad: su cobertura seguiría siendo por el dólar oficial de $270, pero a los efectos de continuar con su actividad comercial deberá comprar los dólares entre $290 (bienes) y $340 (servicios).

En la semana se conoció un informe que suele publicar el FMI en forma anual, en el que se evalúa que el nivel de atraso del tipo de cambio real de Argentina se encontraría entre el 15% y el 25% (según distintos modelos), sugiriendo -entre otras políticas- la eliminación de restricciones cambiarias (unificación) y de las prácticas de tipos de cambios múltiples, acompañada por una consolidación fiscal.

Asimismo, dado que algunas de las medidas dirigidas a evitar el “mal mayor” implican acrecentar las distorsiones hacia adelante o distribuir parte de los costos con la próxima administración, resulta relevante que el Fondo no sólo tiene en mente el presente programa, sino también la necesidad de una eventual formulación de un nuevo programa con el próximo gobierno.