Recortaron horas extras a todos los empleados del Estado nacional

El gobierno nacional dispuso recortar las horas extras para todos los empleados de la administración pública nacional. La medida fue anunciada ayer por Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado del área de empleo público de la Jefatura de Gabinete.

A partir de ahora, las horas extras deberán ser solicitadas de manera excepcional a los empleados por las máximas autoridades de cada organismo y no sucederá más, como hasta ahora, que los empleados tienen asignados montos de horas extras casi de manera invariable, lo cual les permite engrosar sus ingresos.

La novedad se comunicó a través de una carta que envió Armando Guibert a los ministros, donde se informa que “en virtud del objetivo de racionalización de los recursos del Estado (...) y a fin de contar con una ordenada gestión funcional de la distribución de actividades del personal de su dependencia, a partir del día de la fecha (por ayer) queda suspendida la asignación de horas extraordinarias, debiendo programarse las tareas operativas en la jornada legal normal de trabajo de cada agente”.

El texto agrega: “Excepcionalmente, para el caso de que se encuentre acreditada la imposibilidad de dar respuesta a impostergables necesidades operativas que comprometan manifiestamente el servicio público, se podrá solicitar fundadamente la asignación de servicios extraordinarios. Para ello, se deberá planificar las funciones del organismo y el personal necesario para cumplirlas. En este último caso, la autoridad con rango no inferior a Director Nacional; General o equivalente, deberá solicitar la asignación de los servicios extraordinarios”.

El pago de las horas extras y otros adicionales salariales a los empleados públicos no implica un gasto significativo en comparación con otros ítems del Presupuesto -como el gasto en planes sociales o en subsidios a las tarifas de servicios públicos.

Pero la administración de Miley lo quiere hacer visible para demostrar que también “la política” pagará el costo del programa de ajuste general.