Sobreseyeron a la jueza que besó a un detenido

Como no se alteró la causa en la que estaba imputado el recluso, se habló de que el reproche, en todo caso, debería ser de ético

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Luego del escándalo que desató el video de la por entonces jueza de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, cuando besaba a un preso dentro de una cárcel en Chubut en 2022, la Justicia determinó su sobreseimiento.

La decisión se tomó debido a que la fiscalía no pudo acreditar la existencia de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y omisión de los deberes de oficio, por los cuales estaba acusada.

El fallo estuvo a cargo del juez penal de la ciudad de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase, quien consideró que la audiencia entre Suárez y el detenido Cristian “Mai” Bustos se hizo en tiempo y forma, por lo que no alteró el servicio judicial, más allá del beso. Dicho argumento estuvo sustentado en un planteo de la defensa.

Igualmente, al margen de este fallo que la beneficia, Suárez tuvo un duro castigo puertas adentro del Poder Judicial. En noviembre de 2023 fue destituida de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento.

En aquella ocasión, cuando se conoció la destitución de su cargo, Suárez manifestó que el proceso le sucedió “por ser mujer”, y acusó al Tribunal de “no tener la misma vara” para juzgar otras conductas de los magistrados.

En el jury, puso como ejemplo el caso donde dos fiscales y un juez que fueron denunciados por ir a detener en su propio despacho a un ministro en funciones, sin el desafuero otorgado.

La acusación, a cargo de la fiscal general María Bottini, se había basado sobre una presunta irregularidad en la conducta de la imputada.

La defensa oficial, a cargo de Gustavo Oyarzún, sostuvo que haber pedido un día de licencia o visitar durante tres días seguidos al preso no configura ningún delito.

El problema nació porque Suárez habría pedido un día de licencia por enfermedad, siendo que no había tenido ningún padecimiento. Y, a raíz de esa solicitud, habría logrado demorar la audiencia con el preso hasta el 31 de diciembre de 2021.

La defensa acusó a la fiscal Bottini de incumplir “el principio de legalidad”, a raíz de “un reproche de carácter moral, de una imagen reprochable” contra su defendida, aclarando que dicha opinión no puede ser considerada como una prueba del delito en cuestión.

La defensa también indicó que, en este caso, el cargo por omisión de los deberes de oficio es incompatible con el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo cual plantearon que la acusación era “inconsistente”.

 

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