La UNLP y otras universidades deberán informar sus gastos

El Gobierno de Javier Milei sigue firme en su idea de controlar a las universidades públicas. Un día después de la cadena nacional en la que el Presidente advirtió que las casas de altos estudios “tienen que rendirle cuentas a la sociedad, aunque se resistan”, ayer el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que entre hoy y mañana el Ejecutivo enviará un decreto que apunta a “transparentar” los fondos que entran y salen de las instituciones académicas que dependen del Estado, como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“De alguna manera vamos a exigirle a las universidades transparencia en sus gastos y en el pago de sus sueldos, porque no deja de ser dinero público”, anticipó el funcionario platense sobre los alcances de la medida.

FALLO CONTRA LA SIGEN

El anuncio de Sturzenegger se conoció horas después de que un fallo de la Justicia rechazara el pedido de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para auditar a la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de un plan del Gobierno para controlar el uso de las partidas que las casas de estudios públicas reciben del Estado.

Contra esa pretensión, que estuvo en el foco de las protestas universitarias que se sucedieron a lo largo del año, dictaminó el martes el juez Santiago Carrillo. Concretamente, el magistrado a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 resolvió rechazar la medida cautelar que había solicitado la Sigen para que la UBA entregara el detalle de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional y la documentación sobre esa rendición de cuentas.

En su fallo, Carrillo también decidió postergar el tratamiento sobre el planteo de inconstitucionalidad del artículo 8 del decreto 1344/07 y la posible incompetencia de la Sigen para auditar a la UBA, cuestiones que serán analizadas en el dictado de la sentencia definitiva. Este reclamo ya había sido presentado por el rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, en una acción declarativa de certeza en la que argumentó que el control interno de la universidad le corresponde exclusivamente a la Auditoría General de la Nación (AGN), según lo establece la Ley de Educación Superior 24.521 y al marco normativo que regula a las universidades nacionales.

AUDITORÍAS EN LA MIRA

En la demanda contra la UBA que le fue rechazada, la Sigen exigió auditar los recursos transferidos por el Estado, en base al artículo 59 de la Ley 24.521. Para eso, interpuso un pedido de medida cautelar en el que reclamó información detallada sobre los circuitos administrativos y contables de la universidad, incluyendo normativa de compras y contrataciones, adquisiciones realizadas con los fondos estatales y acceso a registros contables, entre otros puntos.

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Pero el juez Carrillo, como se dijo, desestimó el planteo de la Sindicatura General de la Nación, que en el pasado supo auditar a las universidades públicas hasta que un dictamen del exprocurador del Tesoro, Carlos Zannini, lo prohibió en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

Al escribir su fallo, el magistrado evaluó los argumentos y documentación aportados por ambas partes. En ese plano, consideró que la solicitud de la Sigen excedía “el limitado espacio de conocimiento inherente a este tipo de procesos e implicaría un anticipo de la cuestión de fondo, aspecto que debe ser juzgado en un marco de mayor amplitud de debate y prueba”.

Advirtió además que conceder la medida implicaría decisiones de fondo con “efectos jurídicos y materiales irreversibles”, algo que requeriría un debate más amplio y exhaustivo. El juez destacó también que el “control externo” sobre las universidades, a cargo de la AGN, no es objeto de controversia en este caso. No obstante, observó que tanto la UBA como la AGN publican informes de auditorías, lo que evidenciaría la existencia de controles previos, a la par que concluyó que “no surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la Sigen se extravíe o se altere’”.

Pero, como se dijo, más allá de este fallo adverso de la Justicia, el Gobierno buscará por decreto que universidades como la de La Plata rindan de cara a la sociedad el detalle de sus gastos y recursos.