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La presión fiscal sobre el agro se incrementó en junio, con una fuerte caída en el precio del trigo, aumento de costos y diferencias provinciales en tributos e impuestos, según datos de FADA.
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En Argentina, durante junio de 2025, el Índice FADA registró que el 78% de la renta agrícola del trigo se destina al pago de impuestos, según el relevamiento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). El análisis, que se da en el marco del inicio de la campaña triguera, fue elaborado por las economistas Nicolle Pisani Claro y Antonella Semadeni, quienes explicaron que el incremento del índice se relaciona con la baja de precios de los granos, pese a la vigencia temporal de la reducción en los Derechos de Exportación (DEX).
“Para producir es necesario pagar diferentes costos: las semillas, los fertilizantes, los salarios, fletes, seguros, etc. Una vez que se cosecha, se vende el cultivo. La plata que queda después de pagar los costos se divide en 3: el valor de quienes alquilan la tierra para producir (26,6%), la ganancia (9,8%) y los impuestos que se pagan (63,6%). Esto último medimos en el Índice FADA, cuánto es el peso de los impuestos para quienes trabajan la tierra”, explicó Pisani Claro.
Comparado con marzo, el índice mostró un incremento. “Aún con el efecto de la baja temporal de Derechos de Exportación, la caída en los precios fue tal que genera un menor valor de la producción de los granos y, con ello, un mayor peso de los impuestos”, detalló Semadeni.
Los precios actuales del trigo se ubican un 20% por debajo del promedio de los últimos cinco años y un 6% por debajo de la medición de marzo. Si se compara con junio del año pasado, la caída es del 28,2%. “Si los precios son menores, la renta del productor es menor, porque recibe menos dinero por los granos que vende, pero sigue pagando los mismos impuestos. Por eso el peso del Estado es mayor”, explicó Pisani Claro.
El índice para los demás cultivos también muestra una fuerte carga impositiva: soja 65,9%, maíz 53,4% y girasol 63,2%. Semadeni advirtió que “se necesitaría un precio local más cercano a los USD 220 por tonelada para mejorar el resultado, pero hoy está en USD 200 por tonelada”.
Con el fin de la prórroga de la reducción de DEX para todos los cultivos excepto el trigo, los índices aumentarían a: promedio nacional 67%, 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol, según Pisani Claro.
Del total de impuestos que paga una hectárea agrícola, el 63,8% corresponde a tributos nacionales no coparticipables; el 28,4% a nacionales coparticipables; el 6,8% a impuestos provinciales y el 1% a municipales.
En cuanto a la distribución provincial, el índice muestra diferencias: Córdoba (64%), Buenos Aires (59,7%), Santa Fe (58,6%), La Pampa (62%), Entre Ríos (69,1%) y San Luis (61,1%). Todas las provincias relevadas cobran impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos. Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis aplican Ingresos Brutos con distintos porcentajes, mientras que Córdoba y Santa Fe eximen esta actividad. En tanto, Buenos Aires y Santa Fe imponen tasas municipales, La Pampa exige guías cerealeras y provincias como San Luis y La Pampa aplican tributos similares a aduanas internas.
“Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados”, concluyó Pisani Claro.
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