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Cierran Ayudantía Fiscal en 25 de Mayo tras decisión de la Procuración bonaerense

El cierre responde a la rescisión de un convenio entre el Municipio y el Ministerio Público. El abogado Diego Canullán advirtió que se compromete el acceso a la justicia de toda la comunidad.

Cierran Ayudantía Fiscal en 25 de Mayo tras decisión de la Procuración bonaerense
28 de Junio de 2025 | 20:30

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En 25 de Mayo, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires resolvió el cierre de la Ayudantía Fiscal local, decisión comunicada telefónicamente al abogado Diego Canullán, representante de la Asociación Civil Hogar de Niños, quien participó activamente en las gestiones con el Ministerio Público. La medida se basa en la falta de condiciones institucionales que permitan sostener su funcionamiento, tras la rescisión de un convenio entre la Municipalidad y el organismo judicial. La oficina está a cargo del doctor Carlos Brunelli y funcionaba desde 2013 en un inmueble alquilado por el Municipio a la Asociación Civil.

Según expresó Canullán, “lo que está en juego no es un interés sectorial, sino el acceso efectivo a la justicia y la presencia activa del Estado en nuestra ciudad”. Explicó que el contrato fue dado de baja mediante el Decreto Municipal N° 934/2024, comunicado por carta documento el 8 de octubre del año pasado. Si bien la Asociación se presentó a una licitación pública para mantener el alquiler, tras más de dos meses sin definiciones, la Procuración decidió avanzar con el cierre.

El letrado también indicó que desde enero de 2024 no se abonó el alquiler, lo que afectó directamente a la institución locadora, aunque remarcó que “el foco central de esta comunicación no es económico, sino la pérdida de una estructura judicial fundamental”.

Canullán subrayó que la Ayudantía Fiscal ha cumplido un rol esencial en el distrito: permite realizar denuncias sin salir de la ciudad, articula con otros organismos estatales y protege derechos fundamentales, especialmente de poblaciones vulnerables. “No se trata solo de un edificio”, sostuvo, sino de una herramienta concreta para garantizar justicia, igualdad y convivencia democrática.

El abogado destacó que este tipo de estructuras judiciales son sostenidas por los gobiernos locales en muchas ciudades de la provincia —como Saladillo, 9 de Julio, Bragado y Chivilcoy—, y alertó que el aislamiento de 25 de Mayo representa un retroceso institucional.

Finalmente, convocó a un compromiso colectivo de todos los sectores sociales y políticos del distrito, más allá de las diferencias partidarias, para impedir el cierre definitivo. “Esta comunicación tiene por finalidad dar a conocer hechos institucionales de carácter público que afectan directamente a la vida comunitaria”, concluyó.

 

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