Piden que se investigue si en el caso Melmann actuó un quinto hombre

Familiares y allegados de la adolescente Natalia Melmann, por cuyo secuestro, violación y homicidio fueron condenados a prisión perpetua cuatro policías bonaerenses, reiteraron ayer, al cumplirse 23 años del crimen, su “obligación de intentar hacer justicia” e insistieron en que se investigue la presunta participación de un quinto sospechoso.

En un nuevo aniversario, anoche se llevó a cabo, a partir de las 21, una marcha desde la plaza central de la localidad balnearia de Miramar, ubicada en calles 21 y 28.

Al recuerdo de la adolescente de 15 años se sumará, además, el pedido sostenido para que los condenados continúen en prisión y que se profundice la investigación respecto de un quinto perfil genético hallado en los peritajes realizados en el marco de la investigación.

“Nosotros y gran parte de la sociedad de Miramar, nos vimos y nos vemos en la obligación de intentar hacer justicia. A través de una lucha que lleva 23 años de vigencia, hemos logrado que cuatro de los cinco partícipes primarios sean condenados a reclusión perpetua, y que al día de hoy continúen recluidos cumpliendo su condena”, expresaron sus familiares en un comunicado.

En ese sentido, recordaron que “Natalia tenía tan solo 15 años” y que “fue privada de su libertad por desaparición forzada, por efectivos de la Policía bonaerense, fue víctima de torturas, abuso sexual con acceso carnal agravado”, y que “en su autopista se develo que al menos cinco perfiles genéticos distintos abusaron de ella”.

El asesinato de Melmann en pleno verano de 2001 instaló a nivel nacional un reclamo de justicia, amplificado durante más de dos décadas por su familia y allegados, y por colectivos y organizaciones de la sociedad civil, que se sumarán a la movilización.

Según la investigación, la menor fue obligada a subir a una camioneta de la Policía bonaerense cerca de las 7 del 4 de febrero de ese año, y llevada a una casa ubicada en el barrio Copacabana, en el extremo sur de Miramar.

Allí, “fue accedida carnalmente por vía vaginal, bucal y anal por varias personas”, y luego, “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual, la víctima fue muerta por asfixia, estrangulada con un lazo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas” y su cuerpo trasladado al vivero Florentino Ameghino, donde lo hallaron cuatro días más tarde.

El crimen provocó la reacción de la comunidad local, que encabezó junto a los familiares de la adolescente decenas de marchas para pedir por el esclarecimiento del caso y produjo incluso un impacto político: el entonces presidente, Fernando De la Rúa, se reunió pocos días después con los padres en Miramar, en un local que el Municipio había habilitado para que ellos recibieran a posibles pruebas.