Ajuste en el empleo público: ¿hasta dónde puede llegar?

Nuria Susmel

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Desde que asumió el nuevo gobierno comenzó un proceso de ajuste del empleo en la Administración Pública Nacional. Entre diciembre del año pasado y abril último, los datos muestran que se prescindió de 19,2 mil ocupados, el 34 por ciento de los cuales estaban en organismos descentralizados y 20 por ciento en empresas públicas.

La reducción del empleo viene tras dos décadas de crecimiento sostenido en todos los ámbitos del Estado.

En el año 2023, el empleo público consolidado -que abarca el Sector Público Nacional (que incluye empresas y bancos oficiales), Provincias y Municipios- alcanzaba a 3,7 millones de personas (16.5 por ciento del empleo total), lo que representa un crecimiento de 2.5 por ciento promedio anual y de 1,5 millones de ocupados más en las últimas dos décadas.

La mayor parte del empleo público (79 por ciento) se encuentra en provincias y municipios que son responsables, no sólo de la administración, sino también de actividades de educación básica y salud. También las provincias han sido las que más empleo han incorporado en los últimos 20 años.

Desagregando por nivel de gobierno, se encuentran algunas diferencias en la evolución: en provincias y municipios, el empleo público creció a una tasa similar al promedio; en el sector público nacional (sin considerar empresas públicas), a un ritmo menor (2,2 por ciento anual); y en las empresas públicas, el empleo creció a una tasa del 6,2 por ciento anual, básicamente por la incorporación de ocupados en empresas re-estatizadas.

Es cierto que el tamaño del Estado tiene relación, entre otras cosas, con el tamaño de la población. Sin embargo, aun corrigiendo por crecimiento poblacional, la expansión es desmedida. En el año 2003, había 5,9 ocupados en el sector público por cada 100 habitantes, mientras que, en 2023, ese número ascendió a 7,9. Es decir, que el empleo público creció 35 por ciento por encima de la población.

Los períodos 2003-2007 y 2007-2015 fueron los más expansivos en materia de empleo en todas sus agrupaciones. Tras el gobierno 2015-2019, que logró contener el crecimiento del empleo total -con una reducción en el sector nacional-, la tendencia creciente retomó su camino.

El problema del ajuste del empleo público son los principios que limitan la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo tal racionalización. Las provincias son autónomas, los restantes poderes del Estado (Legislativo y Judicial) son independientes y las Universidades Nacionales tienen autonomía y autarquía garantizada en la Constitución, lo que les da la capacidad de administrarse a sí mismas.

Esto hace que si bien el Sector Público Nacional represente el 21.3 por ciento del empleo público, bajo la órbita del Poder Ejecutivo se encuentra solamente 14 por ciento. El ajuste en el resto del ámbito gubernamental requiere de negociaciones y acuerdos para que la racionalización del empleo, y la consecuente reducción del gasto, sea significativa.

“La reducción del empleo viene tras dos décadas de crecimiento sostenido en todos los ámbitos del Estado”