Fallo clave por el triple crimen narco en Varela
Edición Impresa | 30 de Octubre de 2025 | 02:47
Aún en medio de la conmoción, el juez de Garantías Fernando Pinos Guevara confirmó la prisión preventiva para los ocho imputados por el triple crimen narco en Florencio Varela y avaló el pase de la causa al fuero federal, según informaron fuentes judiciales. La decisión ratifica el pedido de los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza, quienes consideraron esclarecidos los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).
Los imputados seguirán presos: Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio. Todos están acusados de haber atraído a las víctimas a una vivienda de la calle Chañar al 700, en Villa Vaettone, entre el 19 y 20 de septiembre, donde fueron golpeadas y apuñaladas, en un contexto vinculado a disputas por narcotráfico.
Distinta es la situación de otros imputados, como Tony Janzen Valverde, alias ‘Pequeño J’, quien aguarda su extradición desde Perú, y Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias ‘El Señor Jota’, sospechado de ordenar los femicidios, actualmente preso por otra causa federal. También Mónica Mujica, pareja de Sotacuro Lázaro, permanece detenida desde hace pocos días y aún podría recibir la preventiva.
Con un expediente que supera las 1.500 fojas, con allanamientos, autopsias y pericias telefónicas, los fiscales sostuvieron que el hecho se encuentra esclarecido, postura avalada por el juez Pinos Guevara. En su resolución, el magistrado destacó que la instrucción en poco más de un mes reunió pruebas que superan lo habitual en causas similares y permitió identificar a numerosos participantes de la organización narco involucrada.
Además, rechazó la solicitud de la defensa de Ibarra para reemplazar la prisión preventiva por una medida menos restrictiva pese a su condición de madre de un bebé de cinco meses, luego de evaluar informes socioambientales y psicológicos.
El magistrado también coincidió con la fiscalía sobre la necesidad de que la investigación continúe en el fuero federal. Según explicó, los hechos exceden la jurisdicción provincial y requieren profundizar el análisis sobre la estructura criminal transnacional que organizó los crímenes, vinculada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Perú. La decisión busca desbaratar los niveles superiores de la organización y evitar la fuga de sus integrantes.
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