Tandil: la Asesoría de Gobierno avaló los decretos municipales que actualizaron la tarifa

El Municipio de Tandil informó que la Asesoría General de Gobierno de la Provincia emitió un dictamen tras la consulta del Concejo Deliberante sobre los decretos 1699/2025, 1700/2025 y 1701/2025, que actualizaron el cuadro tarifario del transporte público de pasajeros a mediados de junio.

En su resolución, la Asesoría analizó exclusivamente la situación planteada por el Concejo y concluyó que, más allá de la invalidez del mecanismo de “silencio positivo”, los nuevos cuadros tarifarios establecidos en los artículos correspondientes “resultan válidos”, por encontrarse dentro de las atribuciones que la normativa vigente otorga al Departamento Ejecutivo.

El organismo provincial repasó los antecedentes incluidos en la nota del Concejo, entre ellos la solicitud de actualización presentada por la Cámara de Transporte, las restricciones aplicadas por las empresas, la falta de definición legislativa luego de trece reuniones de la Comisión de Transporte y la necesidad de resolver un escenario que comprometía la continuidad del servicio.

A partir de ese análisis, la Asesoría determinó que la ley 12.953, que modifica el artículo 5 del Decreto-Ley 7466/69, habilita tanto al Ejecutivo como al Concejo Deliberante a fijar tarifas en materia de transporte público. Señaló que se trata de un régimen especial que prevalece sobre la normativa general de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que la actualización “se encuentra impulsada en el marco de sus atribuciones legales”.

Según la descripción incorporada por el Concejo en la consulta, el sistema de transporte atravesaba un deterioro progresivo por la falta de actualización tarifaria. Se mencionaban trece intentos fallidos del Concejo para tratar el aumento, restricciones en frecuencias y reducción de servicios por el desfasaje entre el boleto y los costos operativos, y el riesgo de afectar un servicio esencial que moviliza a más de 55.000 usuarios en Tandil, María Ignacia-Vela y Gardey.

El dictamen incorporó estos elementos como parte del caso y destacó la necesidad de “resolver y dar previsibilidad a los usuarios como a los prestadores”, tal como señalan los decretos evaluados.