La condena a Cristina: fiscalía tendría en la mira el edificio de San José 1111

A la espera que se cumpla, los fiscales de la causa Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, irían por más y pedirían incluir en un nuevo pedido de bienes al departamento donde Cristina Kirchner cumple su pena de seis años de prisión, ubicado en San José 1111, Constitución, cuyo balcón supo utilizar varias veces la expresidenta. La decisión queda en manos del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

El martes pasado se ordenó decomisar 80 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de poco más de 6.000 metros cuadrados y una veintena de inmuebles que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner.

Ahora, en una segunda tanda de bienes a decomisar, los fiscales Luciani y Mola analizan incluir otras propiedades, entre las que se encuentra el antiguo departamento de Constitución, de unos 232 metros cuadrados, comprado en 2010 por un poco más de 300.000 dólares, según informó el diario La Nación de fuentes judiciales.

El inmueble figura a nombre de Hotesur, la emblemática empresa que ahora pertenece a los hijos de Cristina y Néstor y cuyos bienes están embargados en una causa paralela por lavado de dinero. Las defensas se oponen a que se avance sobre estos bienes, que fueron cedidos por su madre en 2016.

Dos veces por semana

Mientras, la causa por los cuadernos de las coimas, que tiene procesada a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, retomará hoy a las 13 con una audiencia virtual en una semana en la que se iniciará el régimen de dos audiencias semanales.

El Tribunal Oral Federal 7 reanudará el juicio y continuará con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los 86 imputados, en un acusación que terminará de leerse el 2 de diciembre.

Así, durante las dos audiencias de esta semana se escucharán los elementos de prueba que permitieron al fiscal Carlos Stornelli llevar a cabo las acusaciones que se juzgarán a lo largo del juicio.

Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su colega Néstor Costabel, habían decido la semana pasada sumar a partir del 25 de noviembre una segunda audiencia para los días martes, además de haber presentado un oficio donde reiteraron los pedidos, efectuados a los tribunales superiores y a la Corte Suprema de Justicia, sobre la dotación de mayores recursos humanos y mejoras en la infraestructura edilicia.

La semana pasada, el TOF resolvió además apartar del debate y sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona (83), presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-, poer presentar “una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva”, después de que los jueces dieran intervención a los especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF).

Además de la expresidenta Fernández de Kirchner, serán juzgados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el ex secretario de Obra pública José López; el exfuncionario de esa cartera Roberto Baratta y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Qué se juzga

Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.

Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015 para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.