La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica

El pasado 30 de diciembre, justo cuando el Congreso bajaba las persianas y el país entraba en modo fin de año, el presidente, Javier Milei, dictó un polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU): el 941, que modifica de raíz el sistema de inteligencia nacional y que entre sus aspectos más controvertidos autoriza a los agentes de la SIDE -sin uniforme y cuya identidad es secreta por ley- a detener ciudadanos con solo decirles verbalmente que pertenecen a esa secretaría, sin necesidad de una orden judicial previa. Una facultad que hasta hoy solo se le otorgaba a la policía para los casos de flagrancia, pero siempre debiendo informar de inmediato a un magistrado. La medida, cuyos detalles comienzan a trascender ahora, ha generado una reacción en cadena que une al peronismo, a sectores del PRO y del derecho constitucional en un rechazo casi unánime.

Uno de los primeros en alzar la voz fue el exministro de Defensa y actual diputado nacional, Agustín Rossi, quien calificó la iniciativa presidencial como un intento de crear una “policía secreta”.

Según advirtió Rossi, “el decreto permite involucrar al personal de las Fuerzas Armadas en cuestiones de inteligencia a sola solicitud del jefe de la SIDE. Eso solamente remite a la actuación del organismo durante la dictadura militar”, mientras denunció que la norma no especifica la duración de las detenciones administrativas.

Más allá del debate político, el análisis jurídico plantea que el DNU de Milei es inconstitucional de origen. Según el artículo 99 de la Constitución Nacional, el Presidente tiene prohibido dictar decretos de necesidad y urgencia en materia penal, tributaria y electoral. Dado que la detención de personas es una cuestión estrictamente penal, el Ejecutivo habría avanzado sobre facultades exclusivas del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Además, se señala una irregularidad formal: el decreto no contaría con la firma de todos los ministros del gabinete, un requisito obligatorio para su validez.

El argumento oficial

De acuerdo con un artículo publicado en el diario La Nación, desde la Casa Rosada justifican estas facultades extraordinarias con el complejo escenario geopolítico. Tras la reciente captura de Nicolás Maduro en Nueva York y la estrecha alianza de Milei con Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el Gobierno argumenta que Argentina enfrenta amenazas de represalias por parte del régimen de Irán, especialmente ante el inicio de juicios en ausencia por el atentado a la AMIA.

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Sin embargo, quienes cuestionan el decreto sostienen que la “amenaza iraní” no justifica darle un cheque en blanco a los espías. Dado que, si existe un peligro real, la SIDE debería limitarse a realizar inteligencia y dar aviso a un juez para que este ordene las detenciones bajo el marco de la ley.

¿Espionaje a periodistas?

Otro punto de alarma reside en las nuevas competencias de contrainteligencia. El DNU habilita a la SIDE a investigar acciones de “influencia e interferencia”, términos que resultarían lo suficientemente vagos como para permitir el espionaje sobre periodistas, medios de comunicación y dirigentes políticos.

Bajo la premisa de evitar la “fuga de información clasificada”, el Gobierno -que mantiene una relación de evidente hostilidad con la prensa- podría utilizar el aparato de inteligencia para amedrentar a quienes publiquen datos que el Ejecutivo considere sensibles, rompiendo el pacto democrático de 1983 que separó la inteligencia de la política interna.

Rechazo hasta en el PRO

A pesar de ser el aliado estratégico del Gobierno, el PRO de Mauricio Macri ya ha manifestado su desacuerdo. Voceros de la cúpula del partido aseguraron que “no pueden estar de acuerdo con la detención de personas sin autorización judicial”, recordando que ya el año pasado rechazaron el aumento de fondos reservados para el organismo.

Por su parte, Rossi ya anticipó que la oposición de Fuerza Patria intentará voltear el decreto en el Congreso durante febrero, sin esperar el inicio de las sesiones ordinarias. Al ser un DNU, el Parlamento está obligado a tratarlo de forma inmediata.

En la oposición advierten además que el contrato político de 1983, que restableció la democracia después de la dictadura, determinó que los servicios de inteligencia no podían ocuparse de la política interna. Y, si bien casi ningún gobierno cumplió con ese mandato, ninguno lo hizo de manera tan explícita como ahora pretende Milei, quien de manera abierta y unilateral firmó un decreto tan confuso como ambiguo. Entre gallos y medianoche. A un día del final de 2025 y eludiendo el consenso de una ley votada en el Congreso.