Juicio al fiscal general de España por filtración de información confidencial

El fiscal general español, Álvaro García Ortiz, negó haber filtrado ilegalmente información confidencial sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo.

Cuando el presidente del tribunal, el juez Andrés Martínez Arrieta, le preguntó si se consideraba autor de los delitos que se le imputan, García Ortiz respondió con un simple “no”. Vestido con toga y acompañado por sus abogados, el fiscal general permaneció serio y tomó notas durante la audiencia.

Se trata de un proceso judicial sin precedentes recientes en España, ya que el fiscal general sigue en funciones y no ha renunciado a su cargo. El caso tiene además repercusiones políticas porque García Ortiz fue designado en 2022 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el juicio se produce en un contexto en que varios allegados al mandatario enfrentan causas judiciales.

García Ortiz está acusado de haber filtrado a medios de comunicación un correo electrónico confidencial enviado por el abogado de González Amador el 2 de febrero de 2024. En ese mensaje, el letrado ofrecía un acuerdo a la fiscalía: reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la prisión. La filtración del contenido del correo, que se conoció el 13 de marzo a través de una radio y una televisión, generó controversia al poner en duda la inocencia del empresario y afectar políticamente a Díaz Ayuso, una de las principales figuras de la oposición conservadora.

El empresario denunció al fiscal general, argumentando que solo él tenía acceso directo al documento y que lo había difundido con la intención de perjudicar a su pareja. La denuncia dio origen a la apertura de una investigación y, posteriormente, a un juicio oral.

La defensa de García Ortiz, a cargo de la abogada Consuelo Castro, sostiene que el proceso se inició con la idea preconcebida de que su cliente era culpable y que ha sido sometido a una instrucción injusta. En su escrito de defensa, el fiscal general se presentó como víctima de una campaña “orquestada” desde la Comunidad de Madrid con el objetivo de desviar la atención del fraude fiscal de González Amador y proteger la imagen de Díaz Ayuso.

El juicio contará con seis sesiones, repartidas entre esta y la próxima semana, y la comparecencia de unos 40 testigos, entre ellos 12 periodistas. Cuatro fiscales declararon en la primera jornada. González Amador testificará el martes 4 de noviembre y García Ortiz lo hará el miércoles 12, último día del proceso.

La fiscalía solicitó la absolución de García Ortiz, argumentando que no se cometió delito alguno. En cambio, la acusación particular, representada por el empresario, pide una pena de cuatro años de prisión y una indemnización de 300.000 euros por daños morales. El juez instructor abrió el juicio oral en septiembre y fijó una fianza inicial de 150.000 euros, posteriormente reducida a 75.000. También rechazó suspender cautelarmente al fiscal general de sus funciones, a pesar de los reclamos de asociaciones del Ministerio Público.

El caso se originó a partir de la denuncia que la fiscalía presentó en febrero de 2024 contra González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda. Desde entonces, el expediente fue adquiriendo una dimensión política que terminó alcanzando al Gobierno nacional.

El proceso también representa un nuevo desafío para Pedro Sánchez, cuyo entorno cercano enfrenta investigaciones judiciales. Su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y dos figuras destacadas del Partido Socialista, el secretario de Organización Santos Cerdán y el exministro de Transportes José Luis Ábalos, se encuentran imputados en causas de corrupción y podrían ir a juicio.

A pesar de las presiones políticas, Sánchez expresó su respaldo al fiscal general.