Las miles declaraciones de guerra en el PJ y la señales de una sociedad en crisis

José Picón

jpicon@eldia.com

El peronismo bonaerense no dejar de escenificar declaraciones de guerra. En ambas cámaras de la Legislatura y en la tumultuosa vida partidaria se verifican movimientos disruptivos y disputas de alto voltaje. Pero al final, cuando los bordes de camino dejan ver el vértigo del precipicio, asoma una unidad forzada, casi contranatura.

Ocurrió el último viernes en Malvinas Argentinas donde se dio cita la cúpula del PJ donde alumbró un principio de acuerdo entre el sector de Axel Kicillof y Máximo Kirchner para gambeterar una eventual intervención partidaria ante el vencimiento del mandato del jefe de La Cámpora.

El atajo elegido -la convocatoria a elecciones internas para el 15 de marzo y la inclusión de dirigentes afines al Gobernador en el lote de los apoderados partidarios-, es apenas una tregua. Habrá un enero plagado de negociaciones para encontrar una unidad, otra vez con fórceps si es que finalmente se consigue, que evite una pelea en las urnas. Unos y otros aseguran que están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Pero ya hubo un primer sondeo fallido.

Fue cuando negociadores que reportan al Instituto Patria plantearon la continuidad del mandato de Máximo Kirchner. El kicillofismo se opuso con el argumento de que había que establecer un cronograma electoral que alejara al partido de posibles avatares judiciales.

Las sospechas son parte casi inescindibles de una relación quebrada. El sector de Kicillof creía que la posible intervención era una estrategia que le calzaba como anillo al dedo al cristinismo. La propia Cristina Kirchner, como titular del PJ nacional, debería haber firmado esa disposición. Hay quienes aseguran que, incluso, esa medida tenía nombre y apellido: Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad, distanciado de Kicillof, iba a quedarse a cargo del partido de acuerdo a esas versiones envenenadas que dejaban trascender dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro.

La disputa política entre el Gobernador y el kirchnerismo aportó otra novedad. Lo que está ocurriendo en el Senado trasciende los límites de la política para pasar al plano institucional. Existe un desafío expreso del propio bloque oficialista a la vicegobernadora Verónica Magario a quien el kirchnerismo duro, con clara mayoría en el bloque de Fuerza Patria, busca controlarle el área administrativa de la Cámara. La pelea excede la tensión ya generada por quién ocupará la vicepresidencia primera. Allí pujan la kicillofista Ayelén Durán con Mario Ishii, el ex intendente de José C. Paz auspiciado por el Instituto Patria. Esa disputa ahora se amplificó: La Cámpora pretende la cabeza del secretario Administrativo, Roberto Feletti.

Quien fuera secretario de Comercio de la Nación es un hombre de confianza de Magario, con quien trabajó en La Matanza. Al final del camino se sospecha que la disputa por el poder y el control de los números en el Senado podría tener otra “víctima”: el subsecretario Administrativo, Martín Di Bella, un dirigente cercano a la ministra bonaerense Silvina Batakis. El kirchnerismo buscaría quedarse con ese lugar y establecer, al estilo de lo que ocurre en Diputados, el mecanismo de “firmas cruzadas” para autorizar gastos.

Magario resiste. Rechazó convocar a una sesión para tratar la designación de autoridades y pateó la convocatoria para fines de febrero. Hubo un amague K de ir a la Justicia. El final de la historia está por escribirse.

Otro capítulo del enfrentamiento político se escribe en Diputados. Kicillof acaba de vetar varios artículos del presupuesto de esa cámara que aseguraban a los legisladores contar con un flujo de recursos constantes. El Gobierno se opuso y la interna volvió a colarse en esa disputa: legisladores K y massistas justifican que avanzaron con esa medida porque el Ejecutivo les giró este año los fondos a cuentagotas.

La alianza entre el PRO y La Libertad Avanza vive sus propios conflictos. Los macristas estallaron en el Congreso cuando los dejaron afuera del reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación. El abanderado de la queja fue Cristian Ritondo, protagonista de una serie de desencuentros con los libertarios con epicentro en la Provincia.

Primero en la Legislatura, fue el negociador clave de los cargos que el PRO consiguió en el Banco Provincia en el marco de un acuerdo global con el peronismo. Los libertarios lo apuntaron luego de que una concejal que le responde se quedara con la presidencia del Concejo de Bahía Blanca en acuerdo con el PJ. Además, ediles cercanos al diputado terminaron armando una bancada en La Matanza con la libertaria disidente Leila Gianni. Todos estos episodios se registran en sintonía con las versiones sobre el supuesto distanciamiento de Ritondo con el ministro del Interior Diego Santilli y la vuelta del legislador a un esquema cercano a Mauricio Macri, por consiguiente, distanciado de los libertarios. Hay quienes dicen que lo que ocurrió en el Congreso pudo haber sido un vuelto libertario. Un pase de facturas que, en todo caso, demostraría que hay un acuerdo político en crisis.