Atacaron un juzgado bonaerense y el juez amenazado asegura que "no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia"

Nicolás Schiavo, el juez que resultó amenazado en las últimas horas por integrantes de una banda narcocriminal de San Martín, habló luego del ataque al Juzgado de Garantías Número 5 y sostuvo que los agresores “no vinieron por mí, es un tema institucional de la Provincia”.

Ayer se conoció la noticia de que al menos 20 personas irrumpieron con armas blancas a la mesa de entrada del Juzgado de San Martín, ubicado sobre la calle Pueyrredón y Cerrito, en contra de las detenciones ocurridas días atrás de integrantes de una banda narcocriminal de dicha localidad bonaerense.

Luego del grave escenario, el juez Schiavo regresó al Juzgado y habló con la prensa acerca de la situación vivida, así como también de la crisis en la provincia de Buenos Aires: “El narcotráfico está avanzando, es evidente”.

Schiavo sostuvo que lo ocurrido en las últimas horas “pasa todos los días” y que, aunque sumen más policías o seguridad, “eso no implica que estén desguarnecidos los fiscales, juzgados y jueces”.

Para Schiavo el ataque “no es personal”, si no que está asociado a un “tema institucional de la provincia de Buenos Aires”.

Según se supo , por el brutal hecho ya hay una investigación en curso y no hubo que lamentar heridos.

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“Siempre falta cosas, hay carencias, pero no me corresponde quejarme”, manifestó Schiavo.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para expresar su "repudio y preocupación" por lo ocurrido.

Repudio de los jueces y reclamo

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que calificó el hecho "como un hecho de extrema gravedad institucional, un ataque directo contra el normal funcionamiento del servicio de justicia es evidente y no requiere de mayores reflexiones".

El colectivo de magistrados reparó en "que la tardía intervención de las fuerzas de seguridad solo habría logrado la dispersión del grupo agresor, sin impedir que sus integrantes profirieran amenazas directas y explícitas contra quienes laboran en el juzgado anunciando que volverían, que los interceptarían a la salida del trabajo e incluso los seguirían por donde fueran, a la vez que vociferaban 'ya saben lo que les va a pasar'".

A su vez, se cuestionó "las paupérrimas condiciones edilicias y de seguridad en las que se desempeña la mayoría de los juzgados del fuero penal, excede el análisis de este caso e impide tratarlo como si fuera un hecho puntual. Lo mismo cabría decir de muchos juzgados de paz, juzgados de familia y dependencias de los ministerios públicos. Muchas veces sin cámaras de seguridad, sin custodia, sin un mínimo de sistema de prevención de riesgos".

En otro punto del texto, se manifestó que "hechos de esta naturaleza son también la consecuencia de la asunción por parte de la provincia de Buenos Aires de la competencia en la persecución, juicio y castigo del narcotráfico, sin la preparación, sin la estructura y sin el traspaso de los recursos prometidos para enfrentar tal flagelo que no solo afecta la salud, sino también la transparencia de un sistema de respuesta penal pauperizado, y la seguridad de quienes viven en los barrios".

"Abrigamos la firme expectativa de que el evento que nos ocupa sea esclarecido a la brevedad, identificados los responsables y debidamente
sancionados", solicitaron.

En la misiva también reclamaron que se "adopten las medidas necesarias desde ese máximo tribunal y ante las instancias de los demás poderes estatales para garantizar la seguridad personal de los magistrados, funcionarios y empleados del Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial San Martín, ante la urgencia de este caso. Requerimos, además, que se instrumenten los remedios para que jueces y juezas, funcionarios y funcionarias, empleados y empleadas trabajen con la seguridad que la administración de justicia exige y que la comunidad merece".