El fútbol que no se ve: la mansión que complica a Toviggino y sacude a la AFA

En los últimos días quedó al descubierto un entramado bajo la lupa judicial que involucra a dirigentes de Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una mansión de lujo en el barrio Villa Rosa, Pilar. Lo que inicialmente parecía un rumor se tradujo en una denuncia formal y en un escándalo que supera el fútbol. Según información de La Nación, una mansión que sería propiedad de Pablo Toviggino.

Una sociedad de fachada, una propiedad suntuosa. La finca en cuestión consta de dos lotes, que suman 105.384,80 metros cuadrados (algo más de 10 hectáreas), en Villa Rosa, Pilar. Se describe como una “quinta de grandes dimensiones” con comodidades de alto nivel: helipuerto, haras de caballos (puros de carrera), pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas, autos de colección. 

Oficialmente, la propiedad figura a nombre de dos personas: una jubilada -Ana Lucía Conte- y su hijo, un monotributista -Luciano Nicolás Pantano- quienes son accionistas de la empresa Real Central SRL. Denunciantes señalan que los ingresos y el patrimonio declarados por Conte y Pantano no alcanzan para explicar la adquisición y el mantenimiento de un inmueble de semejante magnitud e infraestructura. 

Según fuentes vecinales, exdirigentes, y un testimonio público del ex presidente de Boca Juniors -Daniel Angelici- la propiedad no sería de Conte o Pantano, sino de Toviggino. Angelici declaró: “Soy vecino de Toviggino”.  El mismísimo polémico dirigente de la Liga de Santiago del Estero, que está vinculado a Chiqui Tapia y que de allí fue catapultado a la AFA. Incluso ahora todos niegan haberlo propuesto para el directorio de la banca bonaerense, BAPRO.

Desde AFA se evitó responder públicamente, y allegados niegan que Toviggino figure formalmente como propietario. Además, la denuncia ante la justicia sugiere que Conte y Pantano podrían actuar como “testaferros” de dirigentes de la AFA. 

La causa fue presentada ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por miembros de Coalición Cívica ARI, quienes pidieron investigar si existió lavado de activos, uso de testaferros y desbalance patrimonial. 

En su presentación, los denunciantes cuestionan que el modestísimo capital social de Real Central SRL (unos 58 millones de pesos) pueda justificar una compra de esta magnitud: “no alcanza de ninguna manera para afrontar semejante adquisición” de un inmueble de lujo. 

Pero además de lo inmobiliario, el escándalo se inscribe en un contexto mayor: según otra investigación publicada recientemente por La Nación, hay denuncias sobre movimientos de dinero a través de financieras vinculadas a dirigentes de AFA -lo que sugiere la posibilidad de un entramado financiero más amplio, que incluiría operaciones con divisas, sociedades pantalla, y rutas financieras internacionales. 

Este caso ya no es solo un escándalo inmobiliario. Las implicancias son múltiples: cuestiona la transparencia del manejo de bienes por parte de quienes administran el fútbol argentino -un organismo con enorme influencia social y económica-, desafía la legitimidad moral de dirigentes clave, e invita a preguntarse por la legitimidad de sus ingresos. Además, en el contexto actual, donde circulan versiones de negocios financieros vinculados al fútbol, el riesgo reputacional trasciende fronteras.