El Gobierno insistirá en el cobro a extranjeros por salud y educación

“Si queremos ser un país serio, debemos llevar a cabo una reforma migratoria”, advirtió el pasado 1º de marzo el presidente, Javier Milei, en un tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso, donde además aseguró que “Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomado de tontos por nuestros vecinos o ser un centro de beneficiario pagado por el bolsillo de los argentinos”, para enseguida anticipar: “Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar los servicios que utilizar”.

En rigor, el mandatario no hizo más que volver a la carga con un proyecto que el Gobierno cranea desde el principio de su gestión: modificar la Ley de Migraciones 25.871 para que los extranjeros sin residencia en el país paguen un arancel por la educación superior en instituciones públicas (“debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes”, subrayó Milei su mensaje de la semana pasada). También se prevé cobrarles por la atención médica en hospitales públicos, además de exigirles más requisitos para obtener la ciudadanía argentina.

Controles y deportación

La iniciativa que el Poder Ejecutivo quiere enviar al Parlamento este año contempla a su vez reforzar los controles fronterizos; darle mayor celeridad a la deportación de los foráneos involucrados en hecho delictivos y sumar más delitos que les impidan reingresar al país. “Es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos”, completó el Presidente sobre el paquete de medidas que, en principio, tendrían mínimo o nulo impacto en La Plata y la Provincia.

Aunque envalentonado con el modelo anti-inmigratorio de su par estadounidense, Donald Trump, de quien Milei se considera aliado, lo cierto es que hace tiempo que el Gobierno busca avanzar con este tema. Por caso, ya en diciembre del año pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni, había adelantado lo que el Presidente ratificó en el Congreso: que “se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”. Algo que, según fundamentó el funcionario entonces, “va a generar una fuente de ingresos para las casas de altos estudios y les va a permitir financiarse”, a la par que arrojó un dato: “Hoy, uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero”.

El caso de Medicina de La Plata

Ahora bien, ¿cómo afectaría esto a los extranjeros que estudian en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)? Y, sobre todo, ¿qué pasaría con los que lo hacen en la facultad de Ciencias Médicas, que concentra más de la mitad de los alumnos de otros países que cursan en toda la UNLP?

Según fuentes del Rectorado consultadas apenas trascendió la medida, el impacto local sería prácticamente nulo, dado que en la Universidad platense “no hay no-residentes” que puedan verse afectados por el cobro del eventual arancel que hoy está prohibido por ley y sobre el que en tal caso debería expedirse la Universidad.

Quienes estudian en la UNLP solo pueden cursar por el lapso de un año sin contar, como mínimo, con una residencia provisoria. Así lo establece el artículo 13 de la resolución 5847: “Para los/las aspirantes de nacionalidad extranjera, una vez finalizado el trámite de Residencia Precaria, Temporaria o Permanente en la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, el alumnado deberá presentar una copia que así lo acredite en el Departamento de Alumnos de la Unidad Académica correspondiente, fijándose como fecha límite para dicha presentación el día 28 de noviembre de 2025”.

Esa exigencia reduciría a la mínima posibilidad el cobro de las cursadas a extranjeros. Aún en una facultad como la de Medicina de La Plata, la preferida por 6 de cada 10 alumnos extranjeros inscriptos en toda la Universidad, según el último análisis socio demográfico del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas, correspondiente al año 2023.

Como ha documentado este diario en reiteradas ediciones, la masividad y la cantidad de extranjeros que estudian las distintas carreras que se dictan en Medicina de La Plata creció abruptamente a partir de la eliminación del examen de ingreso, allá por diciembre de 2015. Desde entonces se pasó de un promedio de 300 ingresantes por año a los casi 8.000 actuales que se anotan atraídos (más que por la gratuidad de la enseñanza) por la ausencia de una prueba eliminatoria como la que existe en países vecinos como Ecuador. De ahí que los ecuatorianos sean mayoría en Medicina, donde muchos cursan hasta segundo año y luego, una vez sorteado el examen que aquí no se les toma, regresan a su patria para terminar de estudiar y ejercer allí.

De todas maneras, este fenómeno, que ha terminado por resentir la excelencia académica, a la par que ha redundado en la renuncia de profesores y en las críticas de alumnos y graduados de Medicina, no es exclusivo de La Plata, sino que también se replica a nivel nacional, aunque en menor proporción.

“Fin de la gratuidad médica”

Entre los planes del Gobierno está modificar (por ley o, en su defecto, por decreto) el artículo 6 de la actual normativa que reza que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Al hacerlo, no solo incorporaría el arancelamiento universitario, sino que también avanzaría con “el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros”, tal como anunció Adorni en diciembre pasado, cuando también aclaró: “Los organismos determinarán las condiciones para el acceso al sistema” y destacó que “desde que se tomó una medida similar en Salta, bajó al 95% la atención extranjera y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto no solo implica ahorro fiscal, sino también una mejor atención para nuestros ciudadanos. Nos despedimos de los famosos tours sanitarios tan conocidos acá”.

El cobro de la salud pública para los no residentes será, en última instancia, una decisión de cada jurisdicción y la Nación solo podría hacerlo obligatorio en los hospitales que estén bajo su órbita, por lo que la medida tendría un alcance limitado tanto en La Plata como en la Provincia.

Ya en su momento, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió: “No cuenten con la Provincia, donde la atención es gratuita en todo el territorio” y cuestionó: “Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”.

El funcionario de Axel Kicillof aclaró además que “solo el 0.2% de las consultas y el 0.8% de las internaciones corresponden a extranjeros”.