Grave denuncia de la UATRE contra el Gobierno tras la muerte de un trabajador rural

El conflicto entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Gobierno nacional por la intervención en la obra social Osprera alcanzó un punto crítico tras la muerte de un trabajador rural enfermo de cáncer. Según denunció el sindicato, a José Alfredo Garavento, de 58 años, se le interrumpió el tratamiento oncológico, lo que habría sido determinante en su fallecimiento.

Como consecuencia, la UATRE presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolio; y el interventor de Osprera, Marcelo Petroni. Los acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, administración fraudulenta y abandono de persona seguido de muerte.

El gremio hizo pública la situación mediante un comunicado titulado “Primera víctima fatal de la intervención de Osprera dispuesta por el Gobierno nacional”, en el que detalló la historia de Garavento.

Diagnosticado con cáncer de colon en 2020, el trabajador rural había sido sometido a cirugía y quimioterapia. En 2023, los médicos detectaron una recaída y ordenaron retomar el tratamiento. La obra social Osprera, entonces bajo su administración previa, suministró la medicación hasta mayo de 2024.

Sin embargo, tras la intervención dispuesta por el Gobierno, la UATRE asegura que Osprera interrumpió el suministro sin previo aviso ni justificación, dejando al paciente sin acceso a la quimioterapia.

El gremio afirmó que la familia de Garavento realizó numerosos reclamos formales para que se restableciera el tratamiento, presentando notas el 16 de enero, el 12 y el 18 de febrero. Incluso, la UATRE intimó a Petroni mediante carta documento el 22 de enero, sin obtener respuesta. Finalmente, el trabajador falleció el 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo.

Desde el sindicato, también se hicieron eco de las palabras de la viuda del trabajador, Isolina Margarita Lafferrairie:

“Que la cara de José sea representación de muchos y que no haya más gente como él que, con 58 años y tantos sueños por cumplir, le fueron negados por la obra social. Que sus fotos recorran las redes, que los que debieron hacer su trabajo y no lo hicieron sientan un poquito de lo que estamos pasando nosotros. José tenía mucho por vivir y después de ver una tomografía y los marcadores casi normales, llegó ese terrible desenlace por incumplimiento con la medicación”.

En la denuncia presentada, UATRE sostiene que Petroni estaba al tanto del riesgo en el que se encontraba el afiliado y que, pese a haber sido notificado formalmente el 22 de enero de 2025, no tomó ninguna medida para garantizar la continuidad del tratamiento.

“El interventor no hizo nada, dejó al afiliado librado a su suerte, cortó el suministro de la medicación y, aún cuando se le informó del peligro para la vida del paciente, omitió cumplir con sus deberes y prestarle auxilio”, indica la denuncia.

Además, la presentación incluye a Lugones y Oriolo como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y como partícipes necesarios en el delito de administración fraudulenta.

Por último, la UATRE advirtió que el caso de Garavento no es aislado. Según el gremio, cientos de trabajadores rurales están padeciendo la interrupción de tratamientos debido a la intervención en Osprera.

“Son pacientes con enfermedades graves como cáncer, VIH y hemofilia, que se encuentran en riesgo por la falta de cobertura. La UATRE y su Secretario General, José Voytenco, vienen reclamando mediante intimaciones y denuncias para que la intervención y el Gobierno den una respuesta”, señalaron.