La presión impositiva erosiona la competitividad de la producción nacional

El sistema tributario argentino enfrenta serias dificultades que afectan la competitividad del país. La elevada presión fiscal, que supera el 50% del PBI sobre el sector formal, y la complejidad del esquema impositivo generan un entramado burocrático que desalienta la inversión, el empleo y la producción.

Por eso, para lograr un crecimiento sostenido, es fundamental reformar este sistema y eliminar los impuestos más distorsivos, de acuerdo con un análisis realizado por el especialista César Litvin.

Uno de los principales problemas es la alta cantidad de tributos que existen en Argentina. Actualmente, se contabilizan 154 impuestos en los distintos niveles de gobierno: 45 nacionales, 25 provinciales y 84 municipales.

A pesar de esta multiplicidad, sólo 10 de ellos representan el 92% de la recaudación total, entre los que se destacan el IVA (26,6%), el Impuesto a las Ganancias (16%) y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (14,7%). La superposición de tributos genera altos costos administrativos y una carga excesiva para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Solo la presión fiscal provincial creció un 50% en los últimos 25 años y marcó un 5,1% del PBI en 2024, según un relevamiento que hizo IERAL. A lo largo de los años, se puede ver una suba lenta pero persistente de estos gravámenes: entre 2003 y 2011 la presión fiscal de las provincias pasó de 3,4% a 4,3%, y pegó un salto brusco de 4,3% a 5,2% del PBI en los años 2012-2013. El récord se produjo en 2017 (5,4%), luego con el Consenso Fiscal que rigió desde 2018 baja hasta 4,8% en 2019, para finalmente subir hasta 5,1% en los años subsiguientes, explica el think tank de la Fundación Mediterránea.

Entre los impuestos más distorsivos se encuentra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se aplica en cada etapa de la cadena productiva sin reconocer créditos fiscales, generando un “efecto cascada” que encarece los costos y afecta la competitividad de las empresas.

Además, impacta en el precio de los bienes exportados, ya que, a diferencia del IVA, no puede recuperarse. Su eliminación o sustitución por un impuesto a la venta minorista permitiría reducir las distorsiones y mejorar la competitividad del sector productivo.

Para la UIA, la presión fiscal consolidada sobre el sector formal de la economía ronda el 52%, un nivel muy superior al de países desarrollados. Esto fomenta la informalidad, tanto económica como laboral, lo que representa un problema estructural.

“Por eso, es clave avanzar hacia un esquema tributario sostenible para empresas de todos los tamaños, acompañado de simplificaciones administrativas. No puede ser que generar impuestos implique que un gerente o dueño de una pyme pierda el 50% de su tiempo lidiando con trámites. Es un proceso en marcha, pero es esencial que derive en un sistema más eficiente y equitativo”, dijeron.

Otro tributo que afecta la economía es el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, -más conocido como impuesto al cheque- implementado en 2001 como una medida temporal y aún vigente más de 20 años después. Este impuesto penaliza la bancarización y fomenta el uso de dinero en efectivo, incentivando la informalidad.

En la mayoría de los países donde aún existe, las alícuotas son significativamente menores que en Argentina, lo que resalta la necesidad de su eliminación para facilitar la actividad económica formal.

Las retenciones a las exportaciones representan otro obstáculo para la competitividad. Mientras que en la mayoría de los países este tipo de tributo no se aplica, Argentina mantiene derechos de exportación que afectan a sectores estratégicos y reducen la rentabilidad de los productores. La eliminación de estos impuestos permitiría un mayor ingreso de divisas y fortalecería la economía nacional sin afectar el abastecimiento interno.

Para mejorar la competitividad y simplificar el sistema tributario, Litvin sostiene que es necesario reducir la presión fiscal, eliminar los impuestos más distorsivos y evitar la superposición de tributos nacionales, provinciales y municipales.

Además, se deben establecer incentivos para la formalización, facilitar la recuperación de saldos a favor y generar un entorno más propicio para la inversión y el empleo.

Solo la presión fiscal provincial creció un 50% en los últimos 25 años y equivale a un 5,1% del PBI