El FMI pidió reformas: jubilatoria, tributaria y en la coparticipación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de un nuevo acuerdo con la Argentina, el número 23 en su historia, por un total de U$S20.000 millones, que incluye un primer desembolso inmediato de U$S12.000 millones. El plan, tendrá una duración de 48 meses y estará bajo el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF).

Pero entre las condiciones estructurales que impone el programa se destacan las reformas laboral, impositiva y previsional y un nuevo esquema de coparticipación.

En paralelo, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, indicó que el equipo económico de Javier Milei asumió el compromiso de avanzar con reformas profundas en materia tributaria, de coparticipación y del sistema jubilatorio, como parte del esquema de ajuste para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.

El Fondo emitió un comunicado en la noche del viernes, luego que el Gobierno hizo el anuncio e incluso después de la Cadena Nacional del presidente, Javier Milei.

Si bien volvió a elogiar el rumbo económico del gobierno de Milei, marcó que aún existe un extenso abanico de reformas pendientes.

Pero, según la letra escrita, no le saldrá “barato” al Gobierno, porque se comprometió a “fortalecer la flexibilidad del mercado laboral y de productos, y abrir gradualmente la economía. Además, también avanzará en el proceso de regulación.

Entre los puntos más álgidos descriptos por el FMI se observa el pedido al gobierno de “una comunicación más clara” y la ampliación “del apoyo social y político al ambicioso programa de reformas”.

En ese sentido, los autores del texto que publicó el Fondo marcan una diferencia entre la predisposición del gobierno libertario a ejecutar esas reformas y las promesas realizadas por administraciones anteriores, que rara vez se tradujeron en hechos concretos.

Muchos de esos objetivos tienen fecha precisa. Por ejemplo, el plan de privatización de empresas tiene que estar listo para septiembre de este año; la reforma tributaria, para diciembre próximo; y la previsional, para fines de 2026.

El listado de promesas del gobierno incluye una reforma tributaria, que “remueva los impuestos más distorsivos al comercio y las transacciones financieras, y reduzca los gastos fiscales ineficientes para ciertos grupos y sectores”.

Un proyecto de ley para reformar el sistema previsional, “centrado en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad”.

La desregulación del mercado mayorista eléctrico.

La eliminación de todos los fondos fiduciarios, (excepto el de los subsidios al gas, el único que continuaría vigente).

Un cronograma para la privatización y/o concesión de las empresas públicas incluidas en la Ley Bases.

Una mejora de la eficiencia de los programas sociales, con el armado de una base de datos única que facilite la toma de decisiones.

El desarrollo de opciones para reformar el sistema de coparticipación federal.

La presentación del proyecto de presupuesto 2026 con la regla de déficit cero.

Tales promesas forman parte de los structural benchmarks (puntos de referencia estructurales), cuyo cumplimiento el FMI tomará en cuenta, junto con el de otras metas cuantitativas, para evaluar la marcha del programa y proceder a los desembolsos previstos para el período 2025-2029.

“El programa se enfoca en reforzar la calidad y sostenibilidad del ancla fiscal”, afirmó Georgieva. “Esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones”, prosiguió.

“Se seguirán realizando esfuerzos para proporcionar suficiente margen fiscal para la asistencia social prioritaria y el gasto prioritario en infraestructura”.

El plan económico acordado contempla una flexibilización del cepo cambiario, un superávit primario por encima de lo previsto originalmente y la meta de alcanzar el primer saldo fiscal positivo en casi veinte años. La primera revisión técnica del acuerdo será en junio, cuando el organismo evalúe la posibilidad de un nuevo desembolso de U$S2.000 millones.