Por unanimidad, el Concejo aprobó la primera fase del nuevo código territorial: ¿qué cambia?

Por LAURA ROMOLI

lromoli@eldia.com

Finalmente, el oficialismo obtuvo el consenso y la primera fase del nuevo odernamiento territorial de Julio Alak fue sancionado por unanimidad por el Concejo Deliberante. La nueva ordenanza delimita la zona urbana del partido y establece un modo de regularización para unos 170 loteos con situaciones administrativas incompletas. Según los cálculos del Departamento Ejecutivo, son “más de 280 barrios” que la anterior gestión había autorizado sin la convalidación de la Provincia, que, con la nueva norma, quedan derogados.

Luego de una maratónica reunión de la comisión de Planeamiento que se llevó a cabo el lunes, y tras febriles negociaciones que se extendieron hasta el mediodía, el proyecto fue votado por todos los bloques del deliberativo platense. Lo apoyaron los concejales de La Libertad Avanza (LLA), los de Juntos por el Cambio-PRO (JxC) y la UCR-PRO por la Ciudad.

El texto del proyecto, de 82 artículos, recibió varias modificaciones solicitadas por la oposición, incluso, hasta momentos previos a la sesión de ayer. Y representa la primera fase de un código territorial que tendrá dos partes. La idea del Municipio es que la segunda se debata a mitad de año.

En la primera parte, apunta al ordenamiento del desarrollo urbano de la Ciudad. Crea en ese sentido tres zonas con distintas posibilidades: una urbana, con distintos niveles de permiso de construcción y loteos según su densidad; una perirurbana, con diferentes criterios respecto de las medidas de las parcelas; y una tercera, que delimita la zona industrial y protege el área rural.

Al mismo tiempo, indica la prohibición de cualquier construcción en áreas catalogadas como de “alto riesgo de inundación”, y otra de “riesgo medio”, con requisitos puntuales para el desarrollo de viviendas y obras de drenaje.

La cuestión de los loteos ilegales denunciados por el gobierno de Alak abarca toda la segunda parte del expediente. Según sostiene el Ejecutivo, se trata de unos 450 barrios cerrados, la mayoría de ellos iniciados durante la anterior gestión municipal, a partir de ordenanzas y reglamentaciones que contradecían a la autoridad provincial de aplicación.

El segundo apartado propone la regularización de unos 170 loteos, estableciendo cuatro clasificaciones y requisitos puntuales para normalizar su situación. A este grupo la oposición pidió denominarlos “irregulares” en lugar de “ilegales” y así fue incorporado en la redacción final del proyecto.

Los más de 280 restantes, según el cálculo del Ejecutivo, no podrán obtener indicadores urbanísticos que les permitan la subdivisión y escrituración. Se trata de un aspecto que dio impulso a la norma y que motivó la denuncia penal del Municipio para investigar presuntos delitos cometidos por funcionarios, en connivencia con privados, durante la intendencia de Julio Garro y que ahora investiga la justicia penal.

Entre las modificaciones más destacadas de la oposición, la nueva norma establece la obligación por parte del Ejecutivo de enviar al Concejo antes del 30 de septiembre un programa para la integración y relocalización de barrios de emergencia de la periferia.

Una de las polémicas se vinculó con la fecha de inicio del trámite de los loteos que podrán ingresar en el plan de regularización. Se establecieron en ese sentido dos grupos: uno que va para los desarrollos con “aprobación técnica parcial”, iniciados entre diciembre de 2013 y junio de 2023; y otro, para los considerados “con materialidad de uso”, cuyas tramitaciones hayan comenzado entre 2013 y el 9 de octubre de 2024, cuando el Intendente firmó el decreto que paralizó esas obras.

MULTAS

Entre las argumentaciones del oficialismo para aspirar a la unanimidad de la votación, se subrayan que la iniciativa obtuvo dictamen del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), integrado por expertos de la UNLP y la Ucalp y por los colegios de Ingenieros y Arquitectos locales. Pero, además, el proyecto había obtenido el pronunciamiento de las autoridades de aplicación provinciales: el ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua (ADA) y la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano Territorial (Dpout).

Al mismo tiempo, la ordenanza vuelve a prohibir la publicación para la venta de loteos que no son susceptibles de subdivisión y escrituración por falta de autorización, una norma que se había modificado durante la anterior gestión para permitirlo a desarrolladores y grupos inmobiliarios.

Y se establecen fuertes multas a quienes violen la nueva normativa, además de la creación de un registro de infractores.

Durante su intervención en el recinto, Mansilla subrayó la incorporación de “un seguimiento e inspección del cumplimiento de la normativa, a partir de la creación de régimen disciplinario que dé garantías del cumplimiento de las normativas nacionales, provinciales y municipales, además de establecer responsabilidades, alqo que hasta ahora no estaba claro”.

Y añadió una incorporación en el texto del proyecto por parte de la oposición, que es el de la realización de un seguimiento por parte del COUT de la reglamentación de esta ordenanza por parte del Departamento Ejecutivo.

Durante el debate, los ediles de la oposición remarcaron la necesidad de darle la misma importancia a las tomas de tierras, así como en la elaboración de una “norma madre” que sistematice el ordenamiento territorial en el partido.