El Gobierno nacional está evaluando la posibilidad de restringir el uso de ciertos colorantes sintéticos derivados del petróleo que actualmente se encuentran en golosinas, bebidas y otros alimentos ultraprocesados. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Salud, tiene como objetivo reducir la ingesta de aditivos alimentarios que, según investigaciones científicas, podrían tener efectos adversos en la salud, especialmente en la infancia.
El propio ministro de Salud, Mario Lugones, confirmó que tanto su ministerio como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) están abocados a la identificación y análisis de estos colorantes. La intención es establecer cuáles podrían prohibirse inicialmente, considerando su estatus dentro del marco normativo del Mercosur.
Pese a que estos aditivos para intensificar los colores en productos están dirigidos particularmente al público infantil, muchos de ellos se hallan prohibidos en otros países por su toxicidad. De acuerdo con organismos internacionales como la FDA (Food and Drug Administration), al menos ocho colorantes presentan potenciales riesgos para la salud. Entre ellos se encuentran el Rojo N°40, el Amarillo N°5 y el Azul N°1.
En el caso de Argentina, seis de esos ocho compuestos están actualmente permitidos por el Código Alimentario. Por ello, el primer paso será iniciar un diálogo con el sector alimenticio para evaluar la magnitud del uso de estos aditivos y estudiar sus posibles sustituciones.
Entre las alternativas naturales que se están considerando figuran el fosfato cálcico, el extracto de la microalga Galdieria sulphuraria, la gardenia azul y el extracto de la flor Clitoria ternatea.
El respaldo a esta política se basa en múltiples estudios científicos que han vinculado el consumo de colorantes artificiales con alteraciones en el comportamiento de los niños, como irritabilidad, problemas de atención, trastornos del sueño y variaciones anímicas.
Uno de los informes más citados en este contexto fue elaborado por el pediatra Mark Miller para la legislatura de California. El documento, de más de 300 páginas, concluye que incluso cantidades mínimas de estos aditivos pueden generar efectos neuroconductuales.
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