Alperovich cumplirá la condena en su domicilio

José Jorge Alperovich, el ex senador y ex gobernador de Tucumán condenado a 16 años de prisión por abuso sexual de su secretaria y sobrina, obtuvo ayer la prisión domiciliaria que podrá cumplir en su departamento de Puerto Madero. La resolución fue firmada por el juez Juan María Ramos Padilla y se produjo ante los reiterados reclamos de la defensa de Alperovich para lograr el beneficio domiciliario ante su estado de salud y porque ya cumplió 70 años.

Ramos Padilla resolvió concederle el arresto domiciliario al ex gobernador tucumano bajo estrictas condiciones, entre las que se encuentran que deberá pagar una caución real de 400 millones de pesos y deberá llevar una tobillera electrónica.

El proceso judicial contra Alperovich se desarrolló en un contexto de impacto nacional, debido a la notoriedad política del imputado y a la gravedad de los cargos por los que fue sometido a juicio. A lo largo del año, los tribunales analizaron los hechos denunciados por una sobrina del ex funcionario. Las agresiones, según los expedientes judiciales, ocurrieron en diferentes domicilios tanto en la provincia de Tucumán como en la Ciudad de Buenos Aires durante un periodo comprendido entre finales de 2017 y marzo de 2018.

“Debe quedar claro que no voy a conceder el arresto domiciliario solicitado como un privilegio ni por compasión, sino como ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, neutralizando los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurando la protección” de la mujer que lo denunció, dice la resolución. “Cualquier omisión o intento de evasión -por mínimo que sea- habilitará la revocación inmediata del beneficio concedido y el reingreso del imputado al establecimiento penitenciario”, advierte el fallo.

El ex gobernador fue condenado por nueve hechos de abuso sexual -seis de ellos con acceso carnal y otros tres en grado de tentativa-, todos ellos imponiendo una relación asimétrica de poder por su vínculo parental y por haber sido cometidos en un contexto de poder político que le otorgara su cargo. Su situación judicial sigue abierta, a la espera de la instancia de apelación y revisión del fallo condenatorio, mientras tanto permanecerá bajo arresto domiciliario, monitoreado por dispositivos de control.