Caso YPF: mañana se resolverá en Estados Unidos si Argentina debe entregar las acciones de la empresa

Mañana, la historia de la reestatización de YPF tendrá un nuevo capítulo en Estados Unidos, con la inminente resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York en el marco del juicio por la expropiación del 51% de la petrolera. La atención estará puesta en si la justicia estadounidense mantendrá en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de YPF como pago, o si, por el contrario, obligará a la Argentina a depositar el activo u otros equivalentes, en una causa que acumula ya más de 16.100 millones de dólares, con el agravante de más de 2 millones de dólares diarios en intereses.

La expectativa se centra en tres posibles escenarios. La primera opción sería que la Corte conceda a Argentina la continuidad de la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones, tal como lo había determinado la jueza Preska en junio pasado para cancelar el juicio con el 51% de las tenencias estatales en la petrolera.

Una segunda posibilidad es que la Corte niegue esta cautelar, lo que llevaría a Preska a pedir la ejecución de las acciones. Al respecto, Burford Capital, el financista de los demandantes, ya adelantó que no liquidará ese pago como un gesto de "buena fe".

Por último, la tercera opción contempla que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que el pago con acciones es casi inviable para Argentina. En este caso, podría definir que el Gobierno deposite otros activos que representen el valor de las acciones de YPF, como bonos de mediano o largo plazo.

Si la Corte de Apelaciones no concede la suspensión total del traspaso de las acciones –es decir, si se inclina por cualquiera de las otras dos opciones–, se abren dos caminos principales para Argentina: intentar llegar a un acuerdo con los acreedores o, por el contrario, optar por el incumplimiento. Esta última vía conllevaría el riesgo de que Argentina entre en desacato, con potenciales consecuencias graves como el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), la prohibición de salir a los mercados de capitales o el embargo de activos de la propia YPF.

Pese a estos riesgos, en el Gobierno hay reticencia a hablar de un acuerdo. Fuentes cercanas a las negociaciones y exfuncionarios coinciden en que "negociar un acuerdo antes de la última instancia judicial puede comprometer judicialmente a futuro al funcionario de turno que firme el acuerdo".