El lado político del fentanilo contaminado y se supo que el lote afectado salió a la calle en forma exprés

La investigación judicial por el fentanilo contaminado, que ya contabiliza al menos 76 muertes y decenas de afectados graves en hospitales públicos y privados de todo el país, sumó un elemento que podría complicar a los responsables de las farmacéuticas involucradas.

Adriana Francese, abogada que representa a familiares de las víctimas, reveló que el lote 31202 -uno de los que contenía bacterias letales- fue fabricado el 18 de diciembre de 2024 y liberado al mercado el 4 de enero de 2025, en un lapso de apenas 17 días.

“No dan los tiempos para poder controlar la proliferación bacteriana de esas ampollas”, advirtió la letrada anteanoche en el programa de Nelson Castro “El Corresponsal”, que se emite por la señal de cable TN. Ese lote, con vencimiento en septiembre de 2026, incluía 154.530 ampollas producidas por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.

El 11 de marzo, la ANMAT ordenó su prohibición tras confirmar la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Para entonces, más de 33.000 dosis ya habían sido aplicadas, en su mayoría a pacientes internados en terapia intensiva.

Francese también señaló que existen “fallas constantes en la fabricación”, sin dar detalles por tratarse de información reservada en la causa.

La investigación en el fuero federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, derivó en el embargo de 24 personas y la prohibición de salida del país, entre ellas Ariel García Furfaro, señalado como principal responsable de las firmas.

El magistrado espera ahora los resultados del Instituto Malbrán, que determinarán si las bacterias halladas en las víctimas coinciden con las detectadas en las ampollas.

¿RELACIÓN CON CRISTINA?

El caso también escaló al plano político. La diputada del PRO Silvana Giudici impulsó la creación de una comisión investigadora, aunque la iniciativa fracasó por falta de quórum. El kirchnerismo fue el que se retiró. “Este laboratorio jamás debió haber sido habilitado”, cuestionó la legisladora.

El dueño de HLB Pharma Group es Ariel García Furfaro, quien aseguran que llegó al negocio de los medicamentos con apoyo de la familia Kirchner. Obtuvo licitaciones multimillonarias en municipios y provincias . Y afirman que tuvo varias reuniones con la expresidenta Cristina Kirchner.

En paralelo, la ANMAT ratificó que HLB Pharma no cuenta con habilitación vigente para fabricar ni comercializar medicamentos y que operaba desde hace años en condiciones irregulares.

El impacto sanitario es dramático: el hospital Italiano de La Plata reportó más de 15 muertes tras aplicar 1.300 dosis del lote 31202; en Santa Fe las víctimas superan las 40; y en Córdoba un bebé de tres meses permanece internado en estado grave. Claro que hay más causas vinculadas con efectos mortales.

Hasta el momento, la Justicia logró recuperar 64.003 ampollas; otras 45.391 están en depósitos judiciales y 11.405 siguen localizadas pero sin retirar. El resto ya fue administrado a pacientes.

En declaraciones radiales, el juez Kreplak detalló que, tras el registro de la primera víctima fatal en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT decomisó muestras de todos los lotes de la campaña en curso y de las anteriores, confirmando la contaminación en dos de ellos.

“Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, precisó el magistrado.

El operativo de control permitió recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de unas 30.000 que aún permanecían en hospitales. El juez buscó llevar tranquilidad al público, asegurando que “hoy no circulan ampollas contaminadas”.

Sin embargo, Kreplak remarcó que, a diferencia de Estados Unidos -donde existe una “epidemia de uso ilegal” con unas 50.000 muertes anuales-, en Argentina el fentanilo no tiene una circulación masiva, pero el país carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, una falencia que espera sea corregida a partir de la investigación actual.

Para detectar víctimas no reportadas oficialmente, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos, presumiendo que las dosis contaminadas ya no estaban en stock.