Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa

Tras la orden de detención, el empresario Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., quedó preso en Ezeiza. 

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó este miércoles la aprehensión en el marco del caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos.

El magistrado pidió las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados.

Además, Kreplak también solicitó los arrestos de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano, todos detenidos al igual que los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.

Los allanamientos son llevados a cabo por la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

García Furfaro se encuentra camino a entregarse a la Justicia para ponerse a disposición de la causa que investiga 96 muertes de pacientes que fueron inoculados por el fentanilo contaminado.

La Policía se dirigió a su domicilio en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, pero no lo encontraron.

El procesamiento

En paralelo, la situación de Furfaro se complicó aún más tras el fallo del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien lo procesó por su presunta participación en cinco operaciones de contrabando realizadas entre marzo y agosto de 2022.

La investigación determinó que, a través de la droguería Alfarma SRL, se importó maquinaria y equipamiento de China por un valor real de 5,04 millones de dólares, aunque ante la Aduana argentina se declaró apenas 555.920 dólares, lo que dejó al descubierto una sobrefacturación de 4,48 millones.

El juez sostuvo que se utilizó documentación apócrifa para eludir controles y dispuso un embargo multimillonario: 25 mil millones de pesos sobre Furfaro, la droguería Alfarma y el laboratorio HLB Pharma Group. A su vez, dictó la prohibición de salida del país para los imputados y extendió el procesamiento a Walter Norberto Alloco, despachante de aduana, y a María Luisa Arena, colaboradora del empresario.

Dos causas que se cruzan

Mientras Yadarola avanza sobre el contrabando, el juez Kreplak instruye la causa que investiga la distribución del fentanilo contaminado en hospitales de distintas provincias, incluida la ciudad de La Plata. Allí, el magistrado ya dispuso la inhibición de bienes de Furfaro y de otras 23 personas.

Aunque todavía no hay imputados formales, Kreplak espera los resultados de peritajes clave para determinar el alcance de la responsabilidad penal. El pedido de detención de Nayi busca acelerar los tiempos procesales y dar una respuesta a las familias que exigen justicia.

La coexistencia de ambas causas —una en el fuero penal económico y otra en el federal de La Plata— coloca a Furfaro en una posición cada vez más comprometida. Por un lado, enfrenta la acusación de defraudar al Estado con operaciones aduaneras fraudulentas; por otro, la sospecha de haber sido pieza central en la distribución del opioide adulterado que desató la tragedia sanitaria.

Dolor en La Plata

El estallido del caso dejó en evidencia no solo las maniobras empresariales y judiciales, sino también las fallas en los mecanismos de control estatal sobre medicamentos de uso hospitalario. La magnitud del daño es inédita: 96 muertes confirmadas, muchas de ellas en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de La Plata como uno de los epicentros del drama.

Familiares de víctimas relatan que se enteraron a posteriori de que el fentanilo administrado a sus seres queridos estaba contaminado. Algunos de los pacientes eran personas jóvenes que ingresaron por operaciones menores y fallecieron a las pocas horas en circunstancias inexplicables.

“Estamos hablando de un hecho de una gravedad institucional enorme: murieron casi cien personas por un medicamento que debía salvarles la vida. Esto no puede quedar impune”, afirmó Nayi.

Un empresario bajo la lupa

García Furfaro adquirió en 2019 la droguería Alfarma SRL, y más tarde amplió su estructura con el laboratorio HLB Pharma Group, señalado ahora como la posible fuente de distribución del fentanilo adulterado. Ambos emprendimientos están hoy en el centro de los procesos judiciales.

El empresario ya no enfrenta solamente la sospecha de un accionar fraudulento en materia aduanera: también carga con la responsabilidad social de un producto que, en lugar de cumplir con su función terapéutica, se transformó en un agente letal.

Escándalo judicial y sanitario

Con casi un centenar de muertes bajo investigación, un procesamiento por contrabando millonario y un pedido de detención que apunta directamente a él, García Furfaro se transformó en la figura central de un escándalo que combina corrupción empresarial, fallas de control y tragedia sanitaria.

La Justicia deberá ahora determinar si el empresario y su entorno tuvieron participación directa en la adulteración y distribución del fentanilo que enlutó a familias de todo el país, especialmente en La Plata, y que se convirtió en uno de los casos más graves de la historia judicial argentina en materia sanitaria.