Fentanilo apilado a cielo abierto en el predio del laboratorio Ramallo

El hallazgo de una montaña de ampollas rotas de fentanilo, junto a otros fármacos como ranitidina y diclofenac, dentro del Parque Industrial de Ramallo, desató un nuevo escándalo en la causa judicial que mantiene detenidos a los hermanos García Furfaro en el penal de Ezeiza. Las imágenes, difundidas por medios nacionales, revelaron un escenario inquietante: envases farmacéuticos descartados sin tratamiento, apilados a cielo abierto, en un predio clausurado y bajo custodia permanente. La gravedad del descubrimiento reavivó la conmoción en torno a la investigación por la distribución de fentanilo contaminado, vinculada a más de 90 muertes, y volvió a poner en el centro de la escena al laboratorio Ramallo S.A.

El juez federal Ernesto Kreplak, que instruye la causa, reaccionó de inmediato y ordenó la intervención urgente del área de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de relevar el impacto ambiental y preservar las pruebas encontradas.

Dispuso además la confección de un croquis, la obtención de registros fotográficos y un informe técnico urgente sobre las condiciones del predio. La difusión de las imágenes generó fuerte preocupación en la Justicia, que ahora busca establecer cómo un escenario de semejante magnitud pudo pasar inadvertido durante meses.

En principio, se presume que las ampollas halladas corresponden a descartes de producción, aunque todavía no hay confirmación de que estuvieran vinculadas a los lotes adulterados que provocaron el brote de muertes. El Ministerio de Medio Ambiente, que tiene competencia sobre el manejo de medicamentos vencidos y residuos farmacéuticos, deberá determinar si existió un riesgo concreto de contaminación y si corresponde aplicar sanciones adicionales por la forma en que fueron acumulados. Las fotografías que circularon también dejaron al descubierto otra faceta del caso: el deterioro edilicio del laboratorio.

Según la investigación, Furfaro había sido notificado en reiteradas oportunidades sobre las graves deficiencias constructivas y sanitarias del establecimiento, lo que refuerza la imagen de un lugar marcado por la desidia y las irregularidades. Las pericias del Instituto Malbrán ya habían detectado fallas en los procesos de producción que derivaron en la clausura del predio y la detención de Ariel García Furfaro como principal imputado. Ahora, la exposición de residuos peligrosos suma un capítulo que amplía las responsabilidades y expone la falta de controles efectivos en zonas industriales de alta sensibilidad.

Tal como viene informando EL DIA, la situación procesal de los 17 imputados está en manos del Juzgado Federal N°3, que deberá decidir si continúan detenidos, si acceden a prisión domiciliaria, si recuperan la libertad o si son sobreseídos por falta de mérito. Mientras tanto, más técnicos y empleados de Ramallo serán indagados en los tribunales de 8 y 50.