La batalla por la obra pública: el ajuste fiscal que tensiona a las provincias

Instituto de Economía Aplicada

Universidad el Este (UDE)

Desde el comienzo de su gestión, el Gobierno nacional definió como prioridad alcanzar el superávit fiscal primario. Para cumplir con ese objetivo, una de las principales herramientas fue el recorte de la inversión pública, lo que implicó un freno casi total a la obra pública nacional. Las consecuencias, crecientemente, comenzaron a sentirse y, de manera unánime, los gobernadores reclaman —no solo en el plano discursivo sino también por vía legislativa— por el retiro del Estado nacional en materia de infraestructura.

La política oficial respecto a la inversión pública es clara. El gasto de capital se encuentra en niveles mínimos y es incluso inferior a los registrados durante la pandemia. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la inversión pública, medida como porcentaje del PBI, cayó del 1,4% promedio entre 2016 y 2023 a apenas 0,4% en 2025. Si se la compara con el gasto primario total, también se observa una fuerte caída: del 7% en los últimos años al 2,8% en el año en curso.

El ajuste no solo es profundo sino también generalizado, abarcando todas las vías de ejecución del gasto de capital. Por un lado, la inversión real directa —que incluye la construcción, adquisición y mejora de bienes de capital— está presupuestada para este año casi un 70% por debajo del promedio de la última década. Por otro lado, las transferencias de capital (a las provincias también, entre otros) cayeron a mínimos históricos. Estas partidas, clave para financiar obras públicas locales como rutas provinciales o equipamiento urbano, representan en 2025 apenas un 25% del promedio de los últimos diez años.

Además de la caída generalizada, también se modificó la composición de las transferencias de capital entre provincias. A la fecha, algunas jurisdicciones aparecen claramente más perjudicadas que otras. Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe y San Luis lideran el ranking de las más afectadas: en todos los casos, su participación en el total de transferencias cayó más de un 80% respecto a 2023. En contraste, otras provincias más que duplicaron su participación en el reparto: Tucumán, Neuquén, Mendoza y Jujuy aparecen entre las principales beneficiadas.

Las repercusiones de lo mencionado anteriormente, en las provincias, comenzaron a sentirse con fuerza en 2024 cuando el gasto de capital provincial mostró una retracción generalizada. A nivel consolidado, la relación entre gasto de capital y gasto total cayó 2,8 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Para 2025, los datos del primer trimestre muestran un panorama dispar. Si bien muchas jurisdicciones replican la lógica de ajuste nacional, otras logran sostener —e incluso incrementar— su inversión real. Al comparar el gasto real en capital en el primer trimestre de 2025 con el promedio de igual período entre 2016 y 2023, 18 provincias se ubican por debajo de su media histórica. San Luis, Río Negro y Chaco encabezan el listado de las más afectadas, con caídas superiores al 60%. Esto sugiere que, en la mayoría de las jurisdicciones, el recorte en inversión directa y la merma de transferencias nacionales impactan de lleno en las cuentas provinciales.

En sentido contrario, cinco distritos lograron aumentar su gasto real en capital por encima del promedio histórico: Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires, Corrientes y CABA. A pesar de haber sufrido fuertes caídas en las transferencias nacionales —particularmente Santa Fe y Buenos Aires, que perdieron terreno en la participación— estas provincias aparecen en el podio de las que más ejecutan gasto de capital, lo que indica un esfuerzo por sostener obras paralizadas o continuar proyectos de infraestructura con recursos propios.

En suma, la decisión política del Gobierno nacional de disminuir la inversión pública comenzó a sentirse con fuerza en las provincias durante 2024 y el conflicto se profundiza en lo que va de 2025. Muchas de ellas registran caídas en el gasto real de capital en el primer trimestre del año, explicadas por la menor llegada de recursos y por la imposibilidad de reasignar partidas o recurrir a un mayor endeudamiento para sostenerlo.

Se modificó la composición de las transferencias de capital entre provincias

En algunos pocos casos, la respuesta fue redoblar esfuerzos para sostener las obras e inversiones de infraestructura desde los presupuestos provinciales. Pero ninguna de estas situaciones es sostenible en el tiempo.

La infraestructura nacional requiere inversión constante para mantenimiento, no solo porque afecta la calidad de vida cotidiana, sino que también el deterioro implica costos económicos futuros más altos. Y las provincias, sin el respaldo de transferencias nacionales, no pueden financiar por sí solas los niveles históricos de inversión pública.

Por ahora, el Gobierno nacional se mantiene firme en su postura, pero los gobernadores tampoco están dispuestos a resignar recursos ni que recaiga sobre ellos el costo social derivado del debilitamiento del estado de la obra pública, por lo que ya han iniciado el camino institucional para obtener estos fondos; resta ver quién ganará la disputa.