Dramáticas historias de argentinos expulsados por el gobierno de Trump

El Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International aterrizó en Ezeiza a las 3.17 de la madrugada. No hubo cámaras ni anuncios oficiales. Durante casi una hora reinó el silencio hasta que, lentamente, las puertas de la terminal FBO —un área alejada de la actividad comercial— comenzaron a abrirse.

De a uno, los deportados salieron con las mismas bolsas blancas, idénticos conjuntos de jogging gris y rostros marcados por la fatiga. Afuera, familiares esperaban entre la ansiedad y la desinformación: muchos habían aguardado en la terminal comercial, sin saber que sus seres queridos desembarcarían a cuatro kilómetros de distancia.

La escena se repitió con cada reencuentro: llantos, abrazos, bronca contenida. Era el final de un viaje de más de 25 horas, pero también el inicio de otra incertidumbre.

Historias de un regreso forzado

Maximiliano García vivía en Orlando desde 2001, se formó como conductor de camiones y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses. Sin antecedentes delictivos, fue detenido por una orden de deportación de 2015 de la que asegura nunca haber sido notificado. “En 2015 supuestamente tuve una orden de deportación. Yo me sentía en regla, absolutamente. Ellos están partiendo familias a la mitad”, dijo, todavía en shock.

Su relato refleja la paradoja del sistema: “Hay gente con green card de hace décadas que, al reingresar, les dicen que en el ‘96 cruzaron una luz roja. Se agarran de cualquier cosa para sacarse de encima a los inmigrantes”.

Otro de los expulsados es Mario Luciano Robles, de 25 años, que dejó a su esposa y a su pequeña hija en México. Intentó cruzar por Texas para alcanzar el “sueño americano”, pero fue detenido a minutos de su destino. “Ahí no somos criminales, no matamos, no violamos. Solamente vamos por el sueño americano”, aseguró. Ahora tiene prohibido regresar a EE.UU. por cinco años.

El caso de Luciana Lorena Lopresti expone otra arista: llegó a Estados Unidos con apenas seis años, vivió toda su vida allí, tenía residencia permanente y hasta había pasado un tiempo en Japón. Pero un error burocrático fue catalogado como delito migratorio y terminó tres meses detenida en Chicago antes de ser embarcada rumbo a Buenos Aires.

“Azules”, sin antecedentes

En los centros de detención, relató García, a cada migrante se le asignaba un brazalete según el “riesgo”: azul (sin antecedentes), amarillo (violencia doméstica o resistencia) y rojo (crimen grave). “En el vuelo eran todos azules. Solo dos muchachos jóvenes habían cometido delitos graves”, detalló.

El vuelo traía a unas 300 personas de distintas nacionalidades, incluidos más de 30 niños. Muchos de los argentinos deportados llegaron a Ezeiza sin dinero y sin familiares que los esperaran. “Había una señora que no tenía a nadie ni plata. No sé cómo se las va a arreglar para llegar a su casa”, contó García.

La trama

Más allá de lo legal, los deportados advierten un trasfondo económico en las expulsiones masivas. “El americano medio no quiere hacer trabajos que hacen los migrantes: servicios, hoteles, restaurantes, agricultura. Sin embargo, nos deportan. Es una contradicción total”, analizó García.

La operación fue organizada por el Departamento de Homeland Security con escalas en Bogotá y Belo Horizonte, pero manejada con absoluta discreción.

La madrugada en Ezeiza dejó escenas de reencuentro y dolor, de abrazos y despedidas. Cada bolsa blanca cargada por los deportados parecía contener no solo pertenencias, sino también vidas interrumpidas.

“Yo sé que voy a regresar, pero no sé cuándo”, se despidió García, con la mirada perdida entre el recuerdo de lo que dejó en EE.UU. y la incertidumbre de empezar de nuevo en un país al que volvió después de 24 años.