La jueza Makintach pide la nulidad de la acusación

La jueza suspendida de San Isidro, Julieta Makintach, solicitó formalmente la nulidad de la imputación realizada en su contra por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la causa relacionada con el documental “Justicia Divina” y su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona. La magistrada se encuentra acusada de cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, y los fiscales habían solicitado su destitución para poder avanzar con la investigación y tomarle declaración.

La petición de nulidad fue presentada por sus abogados, Nicolás Corleto y Nicolás Urrutia, ante el juez de Garantías Esteban Rossignoli y sostiene que la investigación se orienta más a “frustrar el desarrollo del juicio oral” que a determinar la comisión de un delito, calificando la actuación del Ministerio Público Fiscal como una “verdadera caza de brujas”. Según la defensa, la fiscalía habría incurrido en irregularidades en el manejo de las pruebas y valoraciones subjetivas que exceden los límites legales, generando un estado de indefensión grave e irreparable para la jueza.

El escrito de los defensores, de 38 páginas, denuncia que la acusación es fragmentaria y heterogénea, mezclando episodios relacionados con filmaciones, supuestos beneficios económicos, acceso a dependencias judiciales y la participación de terceros en audiencias, sin establecer un vínculo claro entre cada conducta y los tipos penales imputados. En ese sentido, remarcan que la falta de precisión impide a Makintach conocer con certeza cuál sería su accionar punible, lo que compromete su derecho a la defensa.

Otro de los argumentos centrales de la presentación es la acumulación de figuras penales sin discriminar qué hechos corresponden a cada delito, lo que, según la defensa, constituye una imputación en bloque basada en rumores periodísticos y testimonios indirectos. Además, advierten que la coexistencia de un jury y un requerimiento penal por los mismos hechos genera una doble persecución, vulnerando garantías constitucionales esenciales.

La defensa cuestiona también la validez de algunas pruebas, como la declaración de la médica esteticista de Makintach, que según los abogados fue obtenida sin la autorización de la paciente y en violación del artículo 236 del Código Procesal, lo que, según afirman, compromete la validez de todo acto derivado de dicho testimonio. Se preguntan cómo se accedió al conocimiento de la testigo y denuncian que durante meses se restringió el acceso a información sobre su declaración.

En relación a los supuestos beneficios económicos, los fiscales argumentaron que Makintach habría aceptado una propuesta vinculada al documental, comprometiéndose a realizar y abstenerse de actos propios de sus funciones para favorecer la producción audiovisual, incluyendo el uso de locaciones y la gestión de imágenes dentro de la sala de audiencias. La defensa cuestiona que no existan pruebas concretas sobre futuras retribuciones económicas, señalando que la acusación se basa en conjeturas y valoraciones subjetivas.

El escrito además sostiene que la fiscalía perdió objetividad, al realizar valoraciones que exceden la información sumaria y que inducen a error al tribunal. La causa continúa en la UFI N°1 de San Isidro, bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal, mientras Makintach enfrenta también el proceso de jury que definirá su continuidad en la magistratura.